Más de 500.000 autónomos cierran sus negocios por morosidad en la última década

Los resultados de ATA ponen de manifiesto que en la última década más de 500.000 autónomos tuvieron que cerrar sus negocios por culpa de la morosidad pública o privada. Y sus estadísticas reflejan que el periodo medio de pago de las facturas a los autónomos sigue estando muy por encima de lo que marca la ley, un máximo para la empresa pública de 30 días y de 60 días para la privada . Ambas, por tanto, continúan vulnerando la norma en 2017.

Así, el tiempo medio que tarda la Administración en pagar las facturas a autónomos y pymes se situó en 61 días hasta junio. Cifra que aumenta de forma considerable si se analizan los periodos de pago de la empresa privada, que tarda en hacer frente a las facturas con los autónomos 71 días de media , frente a los 74 días de 2016. Las empresas que tienen entre 250 y 1.000 trabajadores tardaron en pagar 114 días de media el pasado año y las que tienen menos de 250 trabajadores experimentaron un plazo medio de pago de 68 días. Las empresas con más de 1.000 trabajadores llegaron a demorarse hasta cuatro meses en el pago de las facturas a sus clientes, entre los que se encontraron los autónomos.

Curiosamente son las pequeñas empresas, con menos de 50 trabajadores y los profesionales autónomos los que antes hacen frente a sus facturas y cumplen. Por el contrario, las empresas con más de 50 trabajadores son las que retrasan sus pagos.

Hay que recordar que cuando el Gobierno de Mariano Rajoy llegó al Gobierno en 2012, los proveedores cobraban de la Administración con una media de 162 días de retraso . Para atender las necesidades de las empresas, y ante las protestas de colectivos sin cobrar como las farmacias en Cataluña, el Ejecutivo desplegó el Plan de Pago a Proveedores: una chorro de financiación que permitió saldar 41.800 millones de euros en facturas pendientes, lo que benefició a 190.800 empresas. Además, puso en marcha los mecanismos de liquidez para comunidades autónomas y ayuntamientos, que movilizaron otros 130.000 millones a través de préstamos a bajo coste. Esta batería de medidas fue positiva en su momento y logró aliviar a numerosas empresas. Sin embargo, ninguna de las dos ha logrado erradicar por completo el problema.

«La Ley de Morosidad tiene un triste récord, es la que más insumisos tiene» asegura Lorenzo Amor. «No pagar sale gratis, y así seguirá siendo —dice— mientras no  se sancione. Tolerancia cero con la morosidad porque está cerrando empresas». Amor va un paso más allá y asegura que si estas conductas no se castigan en los próximos cinco años estos retrasos en los pagos tendrán mucho que ver con el cierre de más de 100.000 negocios.

Los autónomos denuncian que la morosidad continúa siendo un lastre para los profesionales y las empresas en España e insisten en que para poder continuar con la actividad empresarial, y que la morosidad no suponga el cierre de negocios, se deben poner en marcha ya una serie de acciones o medidas, entre ellas castigar o sancionar los retrasos en los pagos.

Los más de 3 millones de autónomos que hay en España lleva tiempo reclamando un régimen sancionador para combatir la morosidad. Ahora esa demanda está cerca de cumplirse. El pasado mes de junio el Congreso acordó por unanimidad tramitar en forma de proposición de ley (defendida por Ciudadanos, y auspiciada por autónomos, pymes y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad), una iniciativa para que pymes y autónomos puedan cobrar sus facturas a tiempo y atajar los retrasos.

Para castigar la morosidad la inciativa incluye una completa tabla de multas, que van desde los 60 euros hasta los 800.000 . El documento sostiene que los impagos y retrasos continúan siendo un lastre para los profesionales y las pequeñas y medianas empresas en España, y defiende que «para poder continuar con la actividad y que la morosidad no suponga el cierre de una empresa, se deben poner en marcha ya acciones, entre ellas castigar o sancionar».

Entre las infracciones que se tipifican, la proposición de ley establece que se considerarán de carácter grave cuando se exceda el tiempo máximo de pago en más de 20 días. Si la demora supera los 60 días, la calificación será de muy grave. Las multas quedan establecidas según las tres categorías de infracción: leves, con una sanción económica de entre 60 euros (grado mínimo) y 2.045 euros (grado máximo); graves, con castigo de entre 2.046 y 40.985 euros; y muy graves, que conllevan una multa de entre 40.986 y 819.780 euros. «El ejercicio de la potestad sancionadora por las infracciones cometidas corresponderá a los órganos que designen las comunidades autónomas», aclara el texto del documento que está ya en trámite parlamentario.

Además del régimen de multas económicas, la proposición de ley promovida por Ciudadanos contempla la creación de un sistema arbitral de morosidad , cuya organización, gestión y administración y su procedimiento de resolución de conflictos encomiendan desarrollar al Gobierno en el reglamento de la nueva ley que salga del Congreso.