La administración pública española paga ya a 160 días frente a los 65 de media europea

El director general de Intrum Justitia, Luis Salvaterra, ha explicado que "estas cifras muestran la falta de eficacia de la Ley de Morosidad, ya que los plazos de pago de administraciones públicas y empresas en España no solo no han disminuido, sino que mantienen su escalada".

De esta forma, el 90% de las empresas españolas cree que el Gobierno no está haciendo todo lo que debería hacer para combatir la morosidad, a pesar de que el próximo 31 de mayo los ayuntamientos podrán empezar a pagar a los proveedores en el contexto del Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores (FPP).

Salvaterra considera que "esta inyección a empresas será muy positiva y puede contribuir a regularizar las facturas con retraso en el pago y que se comiencen a pagar en tiempo las facturas vigentes".

Además, respecto a la Directiva Europea de lucha contra la morosidad, el 81% de las empresas españolas cree que no ha tenido un impacto positivo; esta cifra se reduce hasta el 64% a nivel europeo. Así, el 80% de las empresas españolas teme un i mpacto negativo en su liquidez como consecuencia de los retrasos en los pagos e impagos. Más alarmante es el porcentaje de empresas que ve amenazada su supervivencia por la morosidad, que se sitúa en el 45%.