Los ganaderos, ahogados por el desplome de la leche

Así lo manifestaron este miércoles durante la asamblea general de la Interprofesional Láctea, en la que también están representadas la industria (a través de la patronal Fenil) y las cooperativas agroalimentarias. Organizaciones como Asaja, COAG y UPA denuncian que en los tres últimos meses la horquilla de precios que ofrecen las empresas a las explotaciones ganaderas del país se ha situado por debajo de sus costes de producción, que estiman en 36 céntimos por litro.

Según sus responsables, se trata de ofertas «inasumibles» que, además, van acompañadas de una limitación «forzosa» de su producción anual de hasta un 10%. Y esto ocurre, lamentan, pese a los cambios normativos introducidos por el Gobierno en marzo dentro del llamado ‘Paquete Lácteo’ que incluye nuevos contratos con valores fijos (o uno base indexado) y una duración mínima de un año.

El problema, se quejan, es que el sistema no funciona porque la gran industria les está forzando a aceptar acuerdos con una ‘letra pequeña’ que supone pagarles una quinta parte de su producción (el 20%) al llamado precio de intervención, es decir, e mínimo –normalmente bajo- que establece el Ministerio de Agricultura cuando se trata de adquirir un producto para su almacenaje y más adelante su venta.

Esto puede parecer, a priori, una cierta contradicción dado que España no es precisamente un país donde sobre la leche. Al contrario, solo produce el 70% del líquido blanquecino que consume, de modo que ha de importar el resto de otros socios europeos, fundamentalmente Francia, Alemania, Portugal y Holanda. De hecho, la producción española apenas representa el 4,5% de la europea. El sector lácteo supone cerca del 1,2% del Producto Interior Bruto (PIB), al generar unos 12.700 millones de euros anuales, y da empleo a 60.000 personas.

Lo que también se está generando, según las organizaciones de ganaderos, es una cierta deslocalización regional, de modo que comunidades tradicionalmente muy fuertes en producción láctea como Galicia –la principal productora, con una aportación cercana al 40%-, Asturias, Cantabria e incluso el País Vasco están perdiendo peso en beneficio de otras zonas más cercanas a los grandes núcleos de población como Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón e incluso Andalucía.

El sector lácteo ya se vio envuelto en la polémica a principios de marzo, a raíz de la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a 15 empresas y dos asociaciones sectoriales, el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL) y la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (AELGA) por manipular durante al menos 14 años este mercado básico actuando como un cártel, lo que les propició unas ganancias superiores a los 800 millones de euros. El regulador las consideró «coautoras» de una infracción considerada muy grave y las sancionó con multas que suman un total de 88,2 millones.