Gobierno y banca tienen aún en «stock» 4.500 pisos en el fondo social público

Un fondo que nació en enero de 2013 con el objetivo de paliar la situación de aquellas familias que, habiendo accedido a su vivienda habitual a través de financiación hipotecaria, no hubieran podido afrontar el pago de sus préstamos y hubieran perdido sus viviendas . Según ha podido saber ABC, el ritmo de concesión de estos alquileres se disparó en 2014, tendencia que se ha hecho más firme en lo que va de año, si bien algunos ayuntamientos, que son los encargados de gestionar la concesión de estas viviendas, no parecen poner todo su empeño en darles salida, de ahí los malos resultados tras año y medio en funcionamiento.

Requisitos más flexibles

No obstante, el Ministerio de Economía, tras los malos resultados de 2013 y principios de 2014, decidió flexibilizar los requisitos para permitir un mayor acceso a este tipo de pisos de las personas en dificultades económicas. Fuentes del sector coinciden en resaltar que, antes de este cambio en las características requeridas para acceder a estos alquileres, era realmente complicado que muchas familias en dificultades pudieran lograr uno. Además, varios representantes de grandes entidades financieras coinciden al señalar que "el acuerdo entre banca y Gobierno no implicaba que las entidades tuvieran que buscar inquilinos, eso se dejó en manos de asociaciones y ayuntamientos. Una vez cedidas las viviendas a los ayuntamientos, los bancos desconocemos la demanda que puede haber y no tenemos capacidad de acordar nada con posibles interesados".

Entre las nuevas medidas implantadas en mayo de 2014 que han tirado de la cesión de pisos de este fondo destaca la eliminación del precio mínimo de alquiler, establecido inicialmente en 150 euros, o la ampliación de los criterios para permitir el acceso a las viviendas del FSV a, por ejemplo, familias con hijos menores de edad, familias que hayan perdido su vivienda tras una dación en pago, adjudicación judicial o personas mayores en situación de prejubilación o jubilación que hayan asumido mediante aval las deudas de su hijos o nietos.

La introducción de esas medidas ha sido clave para que el número de estos alquileres sí se gestionara con mayor éxito en 2014. Desde CaixaBank destacan que las nuevas condiciones permitieron a la entidad pasar de alquilar 23 viviendas del FSV en 2013, a 1.362 durante 2014, contando también con los diferentes programas de acceso a vivienda social (vivienda asequible, alquiler solidario y alquiler social) que promueve en la actualidad. Esta cifra ha ascendido a 2.189 viviendas hasta el 30 de abril de 2015. En total, la entidad catalana cuenta con más de 26.000 pisos a disposición de los colectivos con menos recursos.

Cambio de color político

Fuentes del sector advierten de que esta tendencia aumentará aún más en algunos municipios tras el cambio de color político, con líderes que llevaban en sus programas preelectorales el impulso de esta ayuda social y, a lo largo de 2015, esperan cumplir con la cuota de alquileres sociales exigida por el Gobierno desde 2013. Bankia, por ejemplo, también cumple lo pactado y, a día de hoy, tiene firmados 355 alquileres del fondo y 885 sociales.

El BBVA que, si bien sigue anunciando en su web los 900 pisos que puso a disposición del fondo hace dos años, ha llegado a acuerdos concretos con clientes suyos que perdieron su vivienda tras una dación en pago o adjudicación judicial. Como Banco Sabadell, que destaca que no ha realizado ningún alzamiento forzoso de viviendas en toda la crisis y posee 2.400 viviendas sociales en gestión, 250 en el fondo social. Mientras, el Santander ha logrado alquilar ya 340 de las 441 viviendas del fondo social, además del resto de acuerdos de alquileres sociales que ha realizado el banco. "Hemos puesto esas viviendas en el mercado para que se utilicen y sería muy bueno que los ayuntamientos las hicieran llegar a quienes más las necesitan, tal y como se acordó", apuntan desde otra gran entidad financiera española.

Desligar de populismos

Desde el sector advierten de que hay que desligar el funcionamiento de la vivienda social de las peticiones por parte de los movimientos populistas en Madrid y Barcelona, porque la banca ya estaba concienciada de la situación de sus clientes en dificultades. Las candidatas a las alcaldías de ambas ciudades, Manuela Carmena y Ada Colau, respectivamente, habían avisado de que, de ser las elegidas, como han sido, obligarían a la banca a aumentar el número de viviendas para alquiler social. Fuentes financieras aseguran que, en conversaciones con ambas, se les explicó que ya existía este plan y que, tras flexibilizar los requisitos, el número de peticiones se había más que duplicado frente a 2013.

Desde la asociación de usuarios bancarios aseguran que "diferentes representantes de bancos españoles han admitido que superarán el cupo en los próximos meses, ya que se han comprometido con Carmena y Colau a ayudar a aquellas personas inmersas en ejecuciones hipotecarias y desahucios".