¿Es posible terminar con los desahucios?

España es un país con una fuerte preferencia por la vivienda en propiedad. Esto hizo que la «riqueza» de la familias creciera exponencialmente durante los años de la burbuja, pero también que se pinchara al tiempo que lo hicieron los mercados financieros. Según los últimos datos disponibles en el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España, la carga de deuda de los hogares españoles representaba el 18% de su renta en 2011, mientras en la Eurozona era del 13,9%. Un ratio que, además, es más elevado entre los hogares con menor nivel de renta, precisamente los que más han sufrido la crisis.

Quizá la primera consecuencia de este alto nivel de endeudamiento fue el rápido aumento de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios. Desde que comenzó la crisis en 2008 y hasta 2014, se iniciaron en España 570.000 ejecuciones hipotecarias, de las que un 25% terminaron en desahucio. Un drama que se agudizó durante la última fase de la recesión: el 55% de los desahucios se contabilizaron en los últimos tres años, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

¿Pero qué ha hecho el Gobierno a lo largo de la legislatura para frenar este drama? Se puso en marcha el Código de Buenas Prácticas, en el que se intenta favorecer medidas como la reestructuración e la deuda o las quitas. También se paralizaron hasta 2017 los desahucios en marcha para las primeras viviendas de los hogares más vulnerables. Y se creó el Fondo Social de Viviendas para atender el derecho a una vivienda de las familias desahuciadas. Actualmente, de hecho, se está negociando con la Sareb, el llamado «banco malo» que aglutina los pisos que tuvieron que asumir las entidades a consecuencia de los impagos, para que estas viviendas sean alquiladas al parque público de viviendas.

El problema es que el impacto de estas medidas ha sido escaso debido, en opinión de los expertos, a que son pocos los afectados que encajan en el perfil necesario para acogerse a ellas. Según datos del Ministerio de Economía, el Banco de España, el INE y el CGPJ recopilados por Analistas Financieros Internacionales (Afi), sólo se han paralizado 13.000 desahucios desde junio de 2013 hasta diciembre de 2014, lo que supone el 9,1% de los hogares que potencialmente podrías beneficiarse de esta medida. Suerte similar ha corrido el Fondo Social de Viviendas, de las que se han ocupado unos 2.000 pisos, el 2% de los potenciales beneficiarios.

La demanda social para encontrar una solución a este drama sigue descubierta. Sin embargo, la capacidad de actuación real de las futuras alcaldesas es limitada, al igual que lo ha sido para el Gobierno central. La ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria no otorgan competencias a los Ayuntamientos (ni a las Comunidades Autónomas) para paralizar un proceso de desalojo de vivienda dictado por un juez. Tampoco las fuerzas de seguridad locales pueden desobedecer autos judiciales. Sus posibilidades se ciñen a la intermediación entre las partes y a facilitar una vivienda a las familias que se han quedado sin ella.

Carmena, por ejemplo, se comprometió a poner «todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda». Para ello, propone crear una Oficina de Mediación Hipotecaria que trabaje en base a dos acuerdos: uno entre el Ayuntamiento y los jueces, para que avisen de los casos de impago de hipoteca con riesgo de desahucio; y otro entre el gobierno local y los bancos, para mediar antes de que solicite el desalojo. En Barcelona, Colau, aseguró que trabajará para poner fin a los desalojos «por motivos económicos».

Lejos quedan ya las iniciativas puestas en marcha desde Andalucía, Navarra o Canarias, orientadas a expropiar a la banca sus viviendas vacías para que sean habitadas por las familias desahuciadas, que han chocado de lleno con el Tribunal Constitucional.