El juez de Madrid se inhibe a favor de la Audiencia Nacional en el «Caso Rato»

Ahora, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu tendrá que analizar si considera que la causa le corresponde por las posibles conexiones con las investigaciones del caso Bankia. El principal nexo serían los supuestos movimientos de capital realizados por el exministro de Economía con la intención de eludir el pago de las fianzas y sus posibles responsabilidades civiles en el caso Bankia. Por estos hechos se le acusa de un supuesto alzamiento de bienes.

Así lo afirma el decreto firmado por la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que hoy ha entregado el caso a la Fiscalía Anticorrupción. Entre las razones aportadas para justificar la competencia de Anticorrupción, este decreto explica que esta fiscalía lleva las riendas de la investigación de otro procedimiento en la Audiencia Nacional -el caso Bankia-, de que pueden derivarse responsabilidades pecuniarias que presuntamente dicho imputado habría intentando eludir.

Anticorrupción solicitó el pasado viernes asumir esta causa por considerar que los hechos investigados están dentro de sus competencias, unos hechos que, según la denuncia de la Fiscalía de Madrid, podrían ser constitutivos de cinco supuestos delitos fiscales, uno de blanqueo de capitales y otro de alzamiento de bienes.

Rodrigo Rato, el exministro de Economía, fue detenido durante unas horas el pasado jueves por esta investigación y se encuentra imputado ya por el caso Bankia. En la pieza principal, que investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad, el juez le atribuye los supuestos delitos de falseamiento de cuentas, administración desleal, apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Su gestión al frente de Bankia fue cuestionada por los peritos judiciales por su laxa interpretación de los riesgos.

Además, el juez Andreu ha señalado a Rato como uno de los principales responsables de la entrega de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia , con la que 82 ex altos cargos gastaron 15,5 millones de euros durante nueve años de espaldas a Hacienda y sin control. Por ello, está imputado por los supuestos delitos de administración desleal y apropiación indebida.