La Ley de la Segunda Oportunidad tendrá un coste de 577 millones

Así consta en la memoria de impacto del decreto ley de Segunda Oportunidad, al que ha tenido acceso Ep y que será convalidado en el Congreso el jueves 12 de marzo. Además del nuevo procedimiento para personas físicas insolventes, el Ejecutivo ha incluido en este texto una batería de medidas de diferente tenor.

Entre otras, una ampliación del llamado «cheque familiar» para que las deducciones en el IRPF lleguen también a las familias monoparentales con al menos dos hijos o a los pensionistas o parados con prestación por desempleo que tienen a su cargo a una familia numerosa o a algún discapacitado, lo que tendrá un coste anual para las arcas públicas estimado en unos 545 millones de euros.

Así, se espera que hasta 186.448 familias monoparentales con al menos dos hijos se acojan a la deducción de hasta 1.200 euros anuales prevista en la Ley del IRPF, de la que ya se benefician huérfanos o familias numerosas, con un coste estimado de 224 millones de euros.

Además, los contribuyentes con pensión pública podrán disfrutar de cualquiera de las nuevas deducciones que ha aprobado el Gobierno, si bien se estima que la más habitual será por tener descendientes con discapacidad, lo que supondrá un coste de 108 millones de euros a repartir entre 89.773 contribuyentes.

Finalmente, 177.183 ciudadanos que reciben prestación por desempleo podrán acogerse a cualquiera de las nuevas deducciones, que son acumulables entre sí, lo que costará 213 millones de euros.

El coste de esta medida, que tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2015, lo soportarán el Estado (49%, 267,05 millones), las comunidades (50%, 272,5 millones) y los ayuntamientos (1%, 5,45 millones).

En el mismo decreto, el Ejecutivo también ha incluido una bonificación del 100% de la cuota por contingencias comunes que resulte de aplicar el tipo obligatorio a la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos que contraten a un parado para sustituirles en su actividad durante un máximo de un año si es para cuidar a algún menor de siete años o a algún familiar dependiente.

Esta medida busca conciliar la vida familiar y profesional, así como fomentar la convergencia de los derechos de los autónomos con los de los asalariados y avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres.

Unas buenas intenciones que tendrán un coste de entre 16 y 32 millones de euros, en función de si se acogen a ella los hasta 5.700 autónomos personas físicas sin asalariados que se estiman como potenciales beneficiarios, o si se llega a los 11.400 trabajadores por cuenta propia que figuran inscritos en el Régimen Especial de la Seguridad Social y que cumplirían los requisitos.

En cualquier caso, el Gobierno asegura que el impacto en la recaudación de esta medida «sería positivo, toda vez que está condicionada a la contratación de un trabajador por cuenta ajena», y además confía en que tendrá «un claro impacto positivo en materia de género por cuanto fomenta claramente la igualdad de oportunidades en el ámbito del trabajo autónomo».

Otra de las medidas incluidas en el decreto, la exención de cotizaciones por contingencias comunes por los primeros 500 euros en nuevos contratos indefinidos que se firmen entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de agosto de 2016, tendrá un impacto de recaudación «neutro», según el Gobierno, porque se compensará con el incremento del empleo.