Gestha estima que la recaudación en la lucha contra el fraude apenas es el 23% del total

En un comunicado, Gestha dice que los 12.318 millones recuperados en 2014 representan un avance del 12,5% respecto al año anterior y de un 7% respecto a 2012, pero "no son suficientes" para frenar la escalada de la economía sumergida, que alcanza el 24,6% del PIB, con más de 253.000 millones de euros.

Según Gestha, Hacienda puede multiplicar por cuatro sus resultados para empezar a ganarle terreno a la economía sumergida con estudios oficiales de economía sumergida, control parlamentario de sus actuaciones, bases de datos compartidas entre la AEAT y las Haciendas autonómicas, y con un aumento de las responsabilidades y competencias de la plantilla en la lucha contra la evasión tributaria.

En concreto, ls técnicos destacan la caída en la presentación de declaraciones complementarias voluntarias en 282 millones, lo que se contradice con el afloramiento de bienes situados en el extranjero, por lo que exigen al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que diferencie entre aquellos bienes que estaban o no declarados y, entre estos últimos, que desglose los que deben tributar en España.

Asimismo, reclaman emplearse más a fondo en la investigación de los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal, aunque ven "positivo" el inicio de la comprobación de 705 contribuyentes con indicios de blanqueo de capitales. A su parecer, esta comprobación debe extenderse a la totalidad de los 31.000 contribuyentes acogidos a la amnistía, puesto que esta primera tanda de 705 personas que pudieron blanquear capitales gracias a esta polémica medida representa sólo el 2,3% del total de los amnistiados.

Por otro lado, los técnicos lamentan que el director de la AEAT no haya cuantificado la tasa morosidad de las deudas tributarias, cuyo último dato a septiembre de 2012 era de 49.304 millones de euros pendientes de cobro. Igualmente, critican que no se haya informado de la calidad las liquidaciones, cuyo último dato conocido revela que casi la mitad son anuladas por los Tribunales económico-administrativos (TEA) o por los Tribunales de Justicia.