El «trading» se impone en una Argentina que parece resistirse a cotizar el discutible «default»

La decisión del juez que lleva el caso, Thomas P. Griesa, ha tenido un efecto muy negativo para Argentina: mientras el país no pague a los buitres no puede hacer frente a sus otros compromisos de pago. Griesa ha establecido un orden de prelación muy claro que pone en primer lugar a los buitres. Argentina no paga, no porque no tenga dinero para hacer frente a esos 1.500 millones de dólares que debería a los buitres, sino porque alega que violaría las condiciones que cualquier reestructuración de deuda tiene que cumplir para resultar exitosa: tratar a todos los acreedores por igual, no devolver todo el dinero a quienes no acuden al canje de deuda años después, dado que, con esa esperanza, ninguno de ellos asumiría en primera instancia la quita. Además, de acuerdo con una cláusula de la reestructuración, la claúsula RUFO, el resto de acreedores podría reclamar el principal y, entonces sí, Argentina podría volver a tener problemas de deuda.

Dado que Argentina, por la decisión del juez Griesa, no está pudiendo hacer frente a ciertos vencimientos, S&P y Fitch han decretado que Argentina se encuentra ahora mismo en una situación de impago selectivo. El ministro Kicillof ha reiterado que Argentina no ha incurrido en un impago puesto que el país ha efectuado el pago: ha depositado el dinero en los bancos para que sus acreedores cobren lo que le corresponde. Otra cosa es que los bancos, por orden de Griesa, hayan bloqueado esos fondos.

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