Almunia recuerda a Pastor que tiene que pactar el rescate de autopistas con la CE

La cuestión es que el Gobierno ultima la creación de una sociedad cien por cien de capital público, o lo que es lo mismo, habría una ayuda de Estado cosa que, en principio, no es compatible con la legislación europea ya que altera la libre competencia.

El comisario ha explicado a ABC que «lo normal es que todos los países que quieren realizar una operación que implica ayudas de Estado lo pacte con meses de antelación con los servicios de la Comisión Europea ya que, de ese modo, todo el mundo trabaja en el escenario correcto, se evitan equívocos y la litigiosidad que a veces se produce después de una operación de este tipo».

Otro de los aspectos que ha destacado el comisario es que España, al igual que no notifica a Bruselas las ayudas de Estado que concede, tampoco participa en los debates sobre la nueva legislación en la materia ya ques «este mes de abril se han aprobado las nuevas directrices sobre ayuda de Estado en las áreas de medio ambiente y energía y, en más de dos años de consultas públicas se han recibido 5.000 contribuciones de todos los Gobiernos, independientemente de su color político, y ninguna proveniente de España, lo que es una lástima porque luego es el país el que paga las consecuencias».

La Comisión europea ya pidió a finales del año pasado información al Ministerio de Fomento sobre sus planes para rescatar a las autopistas de peaje con problemas y las medidas que prevé tomar para una serie de concesionarias.

El Gobierno había propuesto a la banca, que acumula una deuda de 3.900 millones de las empresas concesionarias que gestionan las autopistas, la creación de una sociedad con capital cien por cien público que absorbiera a las compañías quebradas a cambio de una quita el 50%. Las entidades financieras se garantizarían el pago de la otra mitad de la deuda a través de la emisión de un bono público a 30 años.