La Fiscalía pide 15 años de cárcel para Díaz Ferrán

La pena que el Ministerio Público solicita en su escrito de acusación para Díaz Ferrán alcanza los 15 años de prisión, junto a una multa de 5,1 millones de euros, al atribuirle también sendos delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y concurso fraudulento, puesto que en junio de 2013 ya fue declarado culpable en la jurisdicción mercantil de la quiebra dolosa de Marsans. Para la juez que tramitó el procedimiento instado por sus acreedores, lo ocurrido en el referido grupo empresarial fue el paradigma de la generación y agravación continuada dolosa (es decir, con la voluntad deliberada de cometer un acto ilícito) de una insolvencia».

El fiscal encargado del caso, Daniel Campos, también pide otros ocho años y nueve meses de cárcel para Gerardo Díaz Santamaría, hijo del que fuera patrono de patronos, así como ocho años para Ángel de Cabo, polémico liquidador de empresas, y cuatro años y tres meses para su mano derecha, Iván Losada. Solicita, asimismo, penas de entre dos y seis años de prisión para otras siete personas más, entre ellas la mujer, el cuñado y la secretaria de Ángel de Cabo; así como dos testaferros, varios abogados y otro empresario.

El grupo Marsans llegó a integrar hasta 117 sociedades distintas dedicadas al negocio turístico y los transportes, llegando a acumular un déficit patrimonial de 270 millones de euros, mientras que en el caso de Díaz Ferrán su deuda personal, vinculada en gran medida a la compañía, era de 413 millones frente a los 313 millones de su socio Pascual. El procedimiento concursal, no obstante concluyó que el agujero del emporio alcanzaba los 419 millones frente a unos activos de apenas 5,6 millones, al sumar sus distintas deudas con 19 entidades financieras y 28 empresas.

"Tan lamentable situación patrimonial –señala el fiscal-, que afectaba tanto al grupo empresarial como al patrimonio personal de sus titulares, amenazaba el altísimo nivel de vida que hasta entonces ambos llevaban”. Por ello, continúa en su escrito, “decidieron salvar la mayor parte de sus bienes de las ejecuciones a las que se veían abocados”, cosa que hicieron “mediante un sistemático vaciado de su patrimonio personal y empresarial en evidente perjuicio de los acreedores". Y es ahí donde entraron en juego las sociedades instrumentales creadas por De Cabo, encabezadas por la firma Posibilitum Business, que en junio de 2010 adquirió formalmente el grupo turístico y los negocios particulares de los dos empresarios, que acaban de pedir el concurso de acreedores voluntario para Marsans.

Todo ello resultó, no obstante, un mero artificio –resalta el Ministerio Público- dado que, en realidad, sirvió para ocultar en el extranjero su patrimonio, fundamentalmente a través de varias transferencias bancarias cruzadas a Suiza y otros paraísos fiscales. Según uno de los últimos informes presentados al instructor del caso por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Díaz Ferrán oculta a nombre de sociedades interpuestas y distintos testaferros un patrimonio inmobiliario –con más de una veintena de casas, solares y plazas de garajes repartidas entre Nueva York, Madrid, Marbella, Menorca y Mallorca (donde ya fue vendido a principios de marzo por siete millones su chalé de lujo), además de vehículos de lujo, un yate y varias gasolineras- valorado en 87,94 millones de euros, buena parte ya embargado por la justicia.

El pacto suscrito entre los dos dueños de Marsans y De Cabo preveía que este último llegará a pagar hasta ocho millones de euros a cada uno, divididos en pagos mensuales de 100.000 euros, todo con el objetivo de “poder seguir viviendo con la misma o parecida opulencia” que ostentaban. Díaz Ferrán, quien ya fue condenado en diciembre pasado a dos años y dos meses de cárcel -además de una multa de 100 millones de euros- por fraude fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas-, recibió esas cantidades puntualmente, pero no así su socio Pascual.

Una vez presentados todos los escritos de acusación, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dictará en las próximas semanas la apertura de juicio oral contra una decena de imputados. Las penas más altas, 21 años de cárcel para Gerardo Díaz Ferrán y otros 22 tanto para Ángel de Cabo como para Iván Losada, las solicitan los grupos turísticos Orizonia, AC Hoteles y Meliá, que también reclaman una indemnización de 413 millones de euros. Además, extienden al grupo aeronáutico Airbus y al Banco Sabadell parte de la responsabilidad civil por un total de 100 millones de dólares (91 y 9, respectivamente), al considerar que sacaron un provecho "indebido" del impago de un crédito con Marsans.

Díaz Ferrán y De Cabo, especialista en sacar provecho de empresas en quiebra, son los únicos acusados que siguen en prisión preventiva. En esta situación se encuentran desde su detención en diciembre de 2012, al no haber satisfecho las fianzas impuestas por la Audiencia Nacional pese a haber sido rebajadas en varias ocasiones hasta los 10 y tres millones de euros, respectivamente.