El alto coste de la secesión escocesa

«Gran Bretaña es un país grande, y debe permanecer unida», dijo el martes el neoyorquino Bob Dudley, quien reconoció que «existe preocupación en todas las industrias». Le preocupa en particular los costes añadidos que supondría para su empresa, y los «problemas prácticos» que genera la «incertidumbre en torno a la moneda». El presidente escocés, Alex Salmond , defiende seguir usando la libra en una unión monetaria con el resto del Reino Unido. Una propuesta que el gobierno de Londres ve como «inviable» y el Banco de Inglaterra como factible pero llena de «riesgos», como explicó el gobernador, Mark Carney, a finales de enero en Edimburgo. Por el momento, esa incertidumbre tan elemental -¿qué moneda sonaría en el bolsillo de los escoceses?- no parece estar ahuyentando las inversiones.

La propia BP mantiene intactos sus planes de invertir unos 12.000 millones en sus instalaciones en el Mar del Norte entre 2011 y 2016. El Gobierno escocés ha convertido la industria de las renovables en uno de sus motores económicos, con un ambicioso objetivo de satisfacer el 50% de su demanda energética con este tipo de fuentes en 2015. De hecho, aunque Escocia produce solo el 9% de la electricidad consumida en el Reino Unido, recibe hasta el 37% de las ayudas públicas a las renovables. El Gobierno nacionalista escocés intenta tranquilizar a un sector cada vez más inquieto recordando que la energía escocesa «es esencial para mantener las luces encendidas en las islas». Pero el ministro de Energía, Ed Davey, ya ha advertido de que la continuidad de esas ayudas no está garantizada. Y otros apuntan ya a proveedores alternativos de electricidad, como Francia o Islandia, en caso de secesión.

En otra industria esencial para la economía escocesa, la de los servicios financieros, la actitud oficial de neutralidad ante el referéndum se ha quebrado también esta semana. El martes, el diario «Financial Times» llevaba a su portada la preocupación en el sector. La secesión, como explica la hoja de ruta nacionalista, supondría la creación de un nuevo regulador financiero. Y muchos operadores y gestores de capital creen que adaptar sus productos a estas nuevas normas -y, quizás, a una nueva moneda- supondría un coste demasiado elevado, teniendo en cuenta que los fondos instalados en Escocia obtienen el 86% de sus beneficios en operaciones con el resto del Reino Unido. Otras fuentes defienden, en cambio, las potenciales ventajas de la secesión. Los servicios financieros suponen el 8% del PIB escocés, dan empleo a casi 100.000 personas y fueron la principal fuente de exportaciones por valor económico en 2012, según recoge el rotativo financiero.

El miércoles, el ministro de Industria británico, Vince Cable, advertía además de que, en caso de separarse de Gran Bretaña, Escocia terminaría por recurrir a su propia moneda, y el Royal Bank of Scotland (RBS) trasladaría su sede de Edimburgo a Londres. El influyente ministro liberal no solo habla como miembro del Gobierno sino como «dueño», puesto que la entidad escocesa es todavía propiedad del Estado en un 81%. El caso de RBS es simbólico por muchos aspectos. Su creación está directamente ligada al acto de unión de los parlamentos inglés y escocés en 1707, al recibir el sello real como compensación de Londres a los escoceses por una onerosa y desastrosa aventura colonial. Pero además, ejemplifica la fortaleza de la unión de la que hablaba Cameron.

El banco fue nacionalizado tras la crisis de 2008 con un rescate de unos 55.000 millones, pagado por los contribuyentes británicos. Equivale al 200% del PIB de Escocia, que habría quedado en bancarrota al intentar salvar un banco cuyo balance equivale al PIB de toda Gran Bretaña. Para unos, es discurso del miedo. Para otros, la dura realidad. Pero la advertencia de Cable no afecta solo a los 3.000 empleados de RBS en su cuartel general escocés. «Si estás gestionando RBS, estoy seguro de que preferirías estar en un domicilio en el que tu banco está protegido del riesgo de colapso», aseguró.