Una ley de servicios mínimos para garantizar los derechos de todos

Desde que en 1977 se redactara el decreto que regula las huelgas en España ningún presidente del Gobierno se ha atrevido a legislar sobre este derecho recogido en la Constitución. Ni lo hizo Felipe González, ni José María Aznar en sus ocho años de gobierno, ni Rodríguez Zapatero. Ahora Mariano Rajoy busca una vía alternativa, no habrá ley de huelga pero sí una norma que obligue a los huelguistas a cumplir los servicios mínimos fijados, algo que no siempre se se consigue.

La norma actual es inconcreta, entre otras cuestiones porque no fija en qué sectores es necesario fijar servicios mínimos en caso de huelga. La Constitución hace referencia a «servicios esenciales para la ciudadanía». Y el decreto preconstitucional se refiere a «cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad». ¿Conclusión? No hay un marco jurídico concreto.

Los servicios mínimos han sido declarados abusivos en muchas ocasiones por los tribunales , especialmente en Madrid. La última, tras la huelga convocada en en junio de 2010 por los trabajadores del Metro. Dos sentencias, del juzgado de lo social y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) considerararon «ilegal» esta protesta de dos días (29 y 30 de junio) en los que se incumplieron los servicios mínimos del 50% decretados por el Gobierno regional. Millones de viajeros sufrieron el caos circulatorio durante los paros (3,5 millones sumando los dos días, según el TSJM).

Los trabajadores de Metro protestaban por el plan de ajuste de Esperanza Aguirre , que contemplaba aplicar a los trabajadores de las empresas públicas de Madrid, incluidos los de Metro, la bajada del 5% en los sueldos impuesta a los funcionarios de todo el país. La huelga llegó a su fin el 19 de julio tras una asamblea en la que los aprobaron la bajada de un 1% de los salarios. Fueron siete jornadas de paros, dos días de caos sin servicios mínimos y tres semanas de negociación. Causó pérdidas de 140 millones para la capital.

Ahora, el Ministerio de Empleo trabaja en una regulación de los servicios mínimos que el Ejecutivo pretende consensuar con los agentes sociales, algo que nunca se ha abordado en una mesa de negociación, salvo el intento frustrado realizado por Felipe González en el año 1993.

Acorralado por la conflictividad, González elaboró en 1987 un borrador de ley de huelga restrictivo que no prosperó. En 1991 lo volvió a intentar, pero un código de autoregulación sindical llegó como alternativa. El pacto abordaba la fijación de servicios mínimos, de forma que quedasen fijados antes de la huelga y concretaba cómo y cuándo se podía convocar una huelga. Pero González convocó elecciones, disolvió las Cortes y todo quedó en nada.

El derecho de huelga, como otros muchos derechos, es susceptible de regulación , lo que no debe implicar limitación alguna, sino protección y garantía del mismo, por un lado, y por el otro, marcar sus límites respecto a otros derechos, aseguran fuentes del Gobierno consultadas por ABC Empresa. No hay que olvidar que el artículo 10 de la Constitución consagra el «respeto a los derechos de los demás» como fundamento del orden político y de la paz social, precisan las mismas fuentes.

El cumplimiento de los servicios mínimos en servicios esenciales para la comunidad o la actuación de los «piquetes informativos» son asuntos no resueltos que dan argumento a los que piden una ley de huelga, a la que, sin embargo, son contrarios PSOE, IU y sindicatos. «La mejor ley de huelga es la que no existe», coinciden; regular, creen, es recortar el derecho