Báñez negocia ya con los agentes sociales la ley de servicios mínimos

Tal y como avanzó el pasado jueves el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «se trata de hacer compatibles dos derechos: el derecho a la huelga que reconoce nuestra Constitución y la libertad que tienen los ciudadanos que quieren ejercer su derecho al trabajo para que se les respete».

De este modo , la futura ley de servicios mínimos establecería qué porcentaje del servicio habría que cumplir en caso de huelga dependiendo del sector. Se trataría de evitar que cada vez que hay un conflicto se tengan que fijar servicios mínimos y, además, sería más fácil hacerlos cumplir en la medida en que estarían reconocidos por ley.

En todo caso, serían reglas generales que no impedirían que se pudieran realizar ajustes concretos para casos particulares a medida que se fueran sucediendo las huelgas. El Gobierno no se ha puesto fecha para aprobar la futura ley de servicios mínimos que, según todos los analistas, es una asignatura pendiente en España ya que ningún Gobierno se ha atrevido a abordarla.

El ministerio de dirige Fatima Báñez intentará lograr el máximo consenso posible, aunque las primeras declaraciones de los sindicatos no dejan demasiado lugar para el optimismo.

Desde UGT se ha advertido que la imposición de este tipo de normas sería «antidemocrático e ineficaz socialmente». Comisiones Obreras, por su parte, asegura que no es partidaria de que se regulen los servicios mínimos. La patronal CEOE, sin embargo, sí considera imprescindible esta regulación.