Las «teles» autonómicas, ¿una especie en extinción?

Albert Serra, director del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE lo ve así: «Hay que preguntarse, en primer lugar, si las TV autonómicas, y en general los medios públicos de comunicación audiovisual, aportan valor público diferencial de los medios privados. La respuesta es obviamente política e ideológica. La evidencia internacional en los países avanzados, incluidas las democracias de cultura más liberal, cuentan con estos medios y los cuidan. Ésa es la cuestión clave. Mecanismos para su financiación y sostenibilidad, por lo tanto, existen y están más que contrastados en estas experiencias».

¿Está justificado pues los enormes gastos que cada comunidad tiene que soportar por tener una televisión propia que de media tiene una audiencia de tan solo el 8,6% ? Los números dicen que no. Y es que solo este año, en total, los gobierno autonómicos han tenido que inyectar algo más de 800 millones , por unas televisiones, acusadas de partidismo ideológico, y por las que cada español -según datos de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) - paga de media 21 euros al año por la televisión autonómica de su comunidad.

Un coste por español que, si bien se ha rebajado respecto a años anteriores, ya no está justificado. Por ello, algunos gobiernos regionales han tenido que reducir en sus presupuestos las subvenciones para mantener el funcionamientos de sus «teles» , lo que ha desembocado en una sangría de despidos y recorte de otros gastos al mismo tiempo que han visto cómo el negocio publicitario tampoco les aportaba el capital de antaño.

Entonces, ¿qué hacer? ¿Sirve realmente para dar un giro al negocio de televisión autonómica la reforma del Gobierno ? Parece que la respuesta es «no». Los expertos consultados por ABC Empresa coinciden en que la crisis del mercado audiovisual y publicitario, y de las propias empresas públicas objeto de posible venta, hace que no haya muchos candidatos a la compra o a la participación en su gestión, ni capital privado dispuesto a asumir costes sin beneficios, ni posibilita que el mercado acepte nuevos competidores en el ámbito territorial cuando se están cerrando frecuencias.

Además, la privatización o externalización a favor de empresas que ya operan en el sector favorecería la destrucción de empleo y alteraría las condiciones del mercado en varias comunidades autónomas donde ya operan otros operadores privados.

Por ello, según las mismas fuentes consultadas, se puede concluir que la privatización no solucionaría el problema actual, más bien sería un problema a añadir. La solución pasa por un pacto entre instituciones estatales y autonómicas, partidos y agentes sociales e industriales para crear un modelo sobre la base de austeridad del gasto , aumento de la producción interna, racionalización de la actividad y dimensión de las empresas públicas, reubicación o mantenimiento del empleo y profundización en la colaboración y sinergias entre ellas y con RTVE . Sería preciso revisar la oferta y el papel de cada prestador del servicio público en función del ámbito territorial de emisión, para evitar duplicidades y competencia injustificada.