Televisiones autonómicas, el gasto que nunca se apaga
El cierre de Canal 9 ha reabierto el debate sobre la viabilidad de las televisiones autonómicas - robers solsona

Televisiones autonómicas, el gasto que nunca se apaga

En plena onda expansiva por el cierre de Canal 9, las autonomías presupuestan 813 millones para mantener sus televisiones en 2014

susana alcelay, maría jesús pérez
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Canal 9, la televisión pública valenciana, deja de existir. Lo comunicaba el pasado 5 de noviembre el gobierno valenciano horas después de que el Tribunal Superior de Justicia declarara nulo el expediente de regulación de empleo por el que la cadena prescindía de 1.000 trabajadores de la televisión autonómica. Su readmisión hubiera hecho su continuidad inviable; pagar a sus 1.700 trabajadores supondría aproximadamente 72 millones mensuales, cantidad a la que habría que sumar el gasto de funcionamiento y mantenimiento de la televisión autonómica.

Lo ocurrido con la televisión valenciana es un aviso a navegantes, un toque de atención que ha puesto en alerta al resto de las televisiones autonómicas, algunas de ellas lastradas por elevada deuda y abultadas plantillas, nutridas a lo largo de décadas, desde que en el año 1982 comenzaron a rodar con el objetivo de promover la cultura, la lengua propia y una realidad social de la comunidad con la audiencia como aliado.

Nada más conocerse la decisión del Gobierno valenciano, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no descartó seguir los pasos del valenciano y hacer lo mismo con Telemadrid si la recurrida regulación de empleo de la televisión pública madrileña, que afecta a más de 800 trabajadores, corre la misma suerte en los juzgados que la valenciana y es anulada.

El debate está servido: ¿Cuánto cuestan las televisiones a las autonomías y cuánto ingresan? ¿Son viables? ¿Qué cantidad aporta cada español para mantener a flote su televisión autonómica? Tras seis años de crisis, el legado de seis millones de parados, subidas de impuestos a diestro y siniestro y recortes que pasarán a la historia, las comunidades autónomas siguen engordando sus televisiones públicas mientras, en algunos casos, aplican recortes en sanidad o educación como única vía para cuadrar sus cuentas y cumplir con los objetivos de déficit.

En plena onda expansiva por el cierre de Canal 9 las comunidades autónomas subvencionarán sus televisiones con 813 millones en 2014. Cataluña, País Vasco y Baleares han elevado además sus aportaciones respecto a este ejercicio; juntas superan los 365 millones mientras que Madrid las ha rebajado. El presupuesto del ente público integrado por Telemadrid, la Otra y Onda Madrid será recortado desde los 85,9 millones de este año a los 80,30 millones presupuestados para 2014, como también lo recortará, por ejemplo, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv); la cadena no escapará a la tijera de Luisa Fernanda Rudí y en 2014 tendrá tres millones menos.

Frenar el castellano

Llama la atención que la región que más gasta en su corporación audiovisual sea Cataluña, la autonomía española que más drásticos recortes está aplicando a sus ciudadanos para cuadrar sus cuentas. El Gobierno de Artur Mas no ha tenido reparos en desmantelar a base de recortes el Estado de Bienestar, pero tiene muy claro que la TVC y Catalunya Radio, los dos buques insignia de los medios públicos en Cataluña, son los principales agentes «en el mantenimiento del uso social del catalán, como efecto compensador del alud de oferta en castellano», según se recoge en la memoria de los presupuestos.

La Corporación Catalana cerró el ejercicico de 2012 con un déficit de 7,4 millones de euros tras haber recibido subvenciones públicas por 292,36 millones, lo que ha elevado a 738 millones las pérdidas acumuladas por la pública a diciembre de 2012. En 2011, el primer año de legislatura de Artur Mas, la empresa audiovisual recibió una subvención de 322 millones de euros y registró unas pérdidas de 9,2 millones.

Escuálidos ingresos

Pero... ¿cuánto ingresan las televisiones? Durante el primer trimestre de este año, sus ingresos publicitarios supusieron sólo 27 millones de euros, con un descenso del 19%. A esta bajada hay que sumar la caída del 36% de 2012 y más de 60% de reducción de ingresos desde 2007. Además, el porcentaje de publicidad que se quedan la autonomías cada vez es menos. En 2012, sólo coparon el 7% del mercado (126,8 millones), a pesar de que España contaba con 28 canales regionales, el triple que países como, por ejemplo, Alemania.

Los datos no acompañan teniendo en cuenta que los canales autonómicos tenían en nómina a 8.257 trabajadores en 2012 y unas deudas ese mismo año superiores a los 1.900 millones de euros. Canal 9 (1.200 millones) y Telemadrid (257) representan más del 75% del total.

¿Cuánto nos cuestan a cada español mantener la televisión autonómica? Dependiendo del tamaño de la región y del número de canales autonómicos, el coste por habitante varía de forma sustancial. Mientras que los vascos, gallegos y catalanes son los que más aportan anualmente para sus canales, (49 euros al año los primeros y 32 euros los dos segundos), los murcianos sólo pagan cinco euros cada año por el mismo servicio. Menos de veinte euros pagan asturianos, manchegos, canarios, andaluces, madrileños y valencianos. Un poco más caro les sale sendas televisiones a extremeños (22 euros por habitante), Baleares (27 euros) y aragoneses (31).

Según el «Informe sobre el papel de la Televisión Pública Autonómica en España», elaborado por la consultora Accenture para la Forta, entre los años 2009, 2010 y 2011 el 75% de los ingresos que recibieron la cadenas autonómicas tuvo su origen en subvenciones y aportaciones públicas, y el 25% en la publicidad y otros ingresos propios. Estos ingresos han ido cayendo a lo largo de los años, desde los 312 millones de euros de 2007 a los 126 millones de 2012. Y a esto hay que sumar las deudas televisivas que han asumido regiones.

Multiplicación de cadenas

El informe de Accenture ahonda en el papel que desempeñan las autonómicas en el fomento de la cohesión social y pertenencia territorial. En 2010, la televisiones públicas realizaron 6.568 programas, destinaron 27.210 horas (un 44% de su programación) a este cometido. Respecto a su rol como altavoz de acontecimientos culturales y sociales en sus regiones, sus programaciones de 2010 realizaron 3.957 programas, destinaron 11.781 horas y el 19% de su tiempo a difundir esos aspectos locales.

El idioma, también juega un papel importante en las comunidades con lengua propia a la hora de poner en pie una cadena. TV3 tenía en 2010 seis canales en catalán, la primera de todas las autonómicas. ETB, la cadena vasca, tres canales generalistas, dos de ellos en euskera, por los cuatro en gallego de la TVG, los tres en catalán de IB3 o los tres de la ya finiquitada RTVV (con un primer canal que dedicaba el 59% de sus contenidos al valenciano, un segundo canal donde se utilizaba en el 96% de las ocasiones y un canal 24 horas donde solo se utilizaba la lengua regional).

Al servicio de la política

«Las televisiones autonómicas carecen de razón de ser tanto desde la óptica del pluralismo informativo como de la económico-financiera. En el primer campo, España tiene una pluralidad de medios de comunicación convencionales muy amplia y además la incorporación de los cambios tecnológicos, de internet, etc. potencia de manera extraordinaria una oferta plural y competitiva informativa. En la práctica, han sido un instrumento al servicio de los intereses políticos de los gobiernos regionales y de sus clientelas, un medio de propaganda», asegura María Gómez Agustín, economista de Freemarket.

Cree que «en el segundo, no tiene ningún tipo de lógica ni racionalidad económico-financiera mantener televisiones que generan pérdidas crónicas y acumulan una deuda injustificable en condiciones normales e inaceptable con unos niveles de déficit y endeudamiento público como los existentes en el Estado y en las autonomías». «Si fuese necesaria una televisión pública por comunidad o ayuntamiento debería prestar un servicio público y no hacer la competencia al privado en cuanto a contenidos, y segundo financiarse exclusivamente con cargo al erario público sin generar pérdidas, déficit ni deudas», señala esta economista.