Lo que los funcionarios griegos perdieron con la troika

Nadie sabía el número total, hasta que durante el gobierno de Yorgos Papandreu se hizo un recuento general, obligando a toda persona que cobraba un sueldo del estado a inscribirse en un «catastro» especial. El número final: oficialmente en el 2011, el ministro de la Reforma Administrativa anunció que eran 712.000 , de los cuales eran «fijos» 636.000 y los restantes, con contratos temporales, para un país de 11 millones de habitantes. Sin contar con aproximadamente otros 100.000 empleados de empresas con importante participación pública. Este año los datos del Ministerio de Finanzas anuncian que en el sector público trabajan un total de 690.744 personas. Los números se van reduciendo.

Recortes de la troika

Desde la firma de los dos rescates y con los planes de la troika de reducir los gastos y el tamaño del estado, los políticos griegos prefirieron reducir salarios y pensiones a efectuar despidos de personal estatal. Una elección que parecía mas prudente entre el 2010 y el 2012: perdieron su trabajo la mayoría de los contratados de forma temporal, mas de cien mil en total. Y vieron sus ingresos (y sus pensiones) entre un 20 y un 35 por ciento todos los empleados públicos y todos los trabajadores del sector privado que reciben una pensión de la seguridad social, según su sueldo.

Todos los sueldos y pensiones se congelaron en principio durante tres años. Y quienes tenían sueldos y pensiones superiores a 2.500 euros vieron como se les quitaban 2 de las 14 pagas anuales, como tenían que pagar una «contribución solidaria» de entre el 3 al 10% (en pensiones a partir de 1.400 euros) y como aumentaban sus impuestos. Además en todos los sueldos del sector público se retiraron unos complementos que se habían ido añadiendo (aumentos de sueldo justificados por complementos como llevar guantes en empleados ferroviarios, llegar a tiempo, dar buen servicio, ser rápidos etc.)

Todos estos suplementos han sido anulados, manteniéndose sólo el de los estudios universitarios, el de matrimonio y el de ser jefe de servicio. Un ejemplo: una bibliotecaria del parlamento con estudios postraduados especializados vio su sueldo pasar de 35.000 euros brutos anuales a 25.000 euros, y sólo en el caso de convertirse en jefe de su sección podrá cobrar 50 euros mas al mes. Otro ejemplo: un profesor de primaria en un colegio público cobra unos 670 euros mensuales brutos , pero no ha tenido ni tendrá recortes. Un juez jubilado cuya jubilación superaba los 6.000 euros brutos mensuales en el 2009 ahora cobra 2.900 euros al mes.

Los sueldos mas altos para cualquier empleado del estado no pueden superar ahora los 5.000 euros brutos mensuales, lo cual representa 2.900 euros mensuales, un total de 12 meses y menos de mil euros al año de bonus en vez de pagas extraordinarias.

Despidos y movilidad laboral

Desde hace ya un año se vio que no se podrían evitar los despidos y una medida bautizada en griego como «movilidad laboral» , que supone que los empleados sobrantes de un ministerio u organismo lo abandonan, cobrando el 89% de su sueldo durante ocho meses y de no poder ser destinados a otro servicio públic o, serán despedidos. Tras muchos retrasos, el actual gobierno ha tenido que acordar que hasta finales del 2014 deberá haber 25.000 empleados en la «movilidad laboral» de los que finalmente despedidos serán 15.000. Los políticos deseaban que se consiguiera la reducción del servicio público gracias a las jubilaciones anticipadas.

Hay mas de 200.000 empleados que eligieron prejubilarse, para así no arriesgarse a ver su pensión reducida. Muchos además han calculado que se arriesgan también a perder una indemnización que se cobraba nada mas jubilarse , equivalente a los trienios españoles y que oscilaba entre los 20 y los 50.000 euros en la mayoría de los casos: se ha reducido de tal manera que muchos prefieren arriesgarse y cobrar menos a seguir trabajando para terminar con peor pensión y sin indemnización. Y quienes trabajan en empresas estatales deficitarias (lo son la mayoría) no quieren arriesgarse a que una privatización les deje en la calle y eligen una jubilación muy reducida pero segura.

Clientismo y enchufes

Uno de los mayores problemas del funcionariado griego ha sido su dependencia del sistema político: una recomendación de un diputado, especialmente si su partido estaba en el gobierno, podía asegurar en el pasado la vida de cualquier votante. Se le colocaba si tenía estudios en un ministerio y sino en una empresa estatal como la compañía aérea Olympic, la empresa de telecomunicaciones OTE, la de electricidad DEI , la administración local.

Así se vió como había hospitales públicos con falta de doctores y enfermeras pero con más de 10 jardineros… cuando no había ni jardín, o con demasiados empleados administrativos (muchos condenados ahora a la movilidad laboral).Esto se acabó en el 2010.Pero dado la cantidad de empleados, la falta de disciplina laboral y la elasticidad de los comités disciplinarios (dominados en general por los sindicalistas ), no había «castigo» real para los malos empleados ni aun para los que cometían delitos (soborno, corrupción etc), dado que nunca perdían su trabajo . Y hace poco las autoridades han reconocido que no se sabe cuántos diplomas falsos presentaron sus empleados a la hora de ser contratados … refiriéndose no sólo a los universitarios, sino también a los certificados de conocimientos de lenguas extranjeras, conocimientos de informática etc.

Quizás ha hecho falta que llegue la troika para hacer una reforma profunda del sector público griego en un país donde era considerado como una jugada magistral el pagar menos impuestos de lo debido pero dónde cada familia quería tener un hijo funcionario para que tuviera trabajo de por vida asegurado.