Bancos y Gobierno ultiman el acuerdo para convertir en capital sus activos fiscales

Si bien aún no hay acuerdo sobre la letra pequeña, pues desde el Ejecutivo se trabaja en la manera de que este alivio para las entidades se traduzca en una menor contracción del crédito para las familias y, sobre todo, las pymes.

La reforma, aunque regula aspectos muy técnicos, es crucial para la banca española. Los activos fiscales diferidos son derechos que las entidades tienen frente a Hacienda y que se pueden generar por dos vías. Por un lado, incurrir en pérdidas deducibles, esto es, registrar bases imponibles negativas. O por otro, generar gastos que no son fiscalmente deducibles. En este último caso se encuentran las provisiones (que la entidad dota para prevenirse de unas pérdidas que no son reales, sino solamente previsibles de algún modo) y que han sido muy elevadas en el sector tras los llamados «decretos Guindos», con los que el Ministerio de Economía intentó sanear a las entidades.

Al no incurrir la entidad en pérdidas reales, Hacienda no las devuelve sino que se guarda ese derecho para el futuro, de tal forma que pasan a ser deducibles en el impuesto de Sociedades de ejercicios futuros.

La nueva regulación de Basilea III obliga a deducir directamente del capital de máxima calidad (el «core capital») estos activos por impuestos diferidos que dependen de beneficios futuros, es decir, los originados por pérdidas fiscales, y que hasta ahora computaban como capital. En la ley española existen más causas de generación de activos fiscales diferidos que en otros países europeos, entre ellos, las mismas provisiones genéricas; además, no permite la compensación retroactiva de las bases imponibles negativas, ni monetizar estos activos fiscales. Por ello, la banca española pidió que se amortigüe su impacto.

Primer borrador

Hace unas semanas, las entidades pusieron sobre la mesa un borrador que recogía sus propuestas: poder convertir en capital las aportaciones a las pensiones de sus empleados y las provisiones genéricas así como las impuestas por los llamados «decretos Guindos» durante el año 2012. En concreto, el sector solicitaba convertir los impuestos fiscales diferidos por créditos fiscales, un cambio que permitiría esquivar la nueva regulación que sí que permite computar estos últimos como capital a las entidades.

Los ministerios de Economía y de Hacienda estudian ahora los efectos del cambio, no sólo técnicos, sino también aquellos que pudiera tener en la opinión pública, pues el Ejecutivo quiere evitar que la reforma se entienda como una nueva ayuda a los banqueros. Lo cierto es que la iniciativa no es, ni mucho menos, pionera de nuestro país. Otros estados, como Italia y Reino Unido, ya han puesto en marcha reformas en este sentido para aliviar este impacto en el capital de sus sistemas financieros.

De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI), que estima que la banca española acumula unos 51.000 millones en activos fiscales diferidos, propuso en su último informe que se buscaran soluciones a este problema. «Para disipar la incertidumbre sobre el grado en que los bancos españoles podrán hacer uso de sus activos fiscales diferidos y mejorar la calidad de su capital se podría crear un mecanismo para permitir a los bancos para convertir DTA en créditos fiscales transferibles», señaló el FMI en su informe sobre el sistema financiero español, que fue recibida con agrado en el sector, incluía no obstante algunas condiciones como las acciones de los bancos «con externalidades positivas en el entorno actual», puntualizaba el Fondo Monetario.