El naval rechaza la propuesta de Bruselas de devolver las ayudas sólo desde 2007

«Los efectos en el sector naval serían los mismos que en casos anteriores: la desaparición de los astilleros españoles», advierte en un comunicado Pymar, que agradece la unidad mostrada en las últimas semanas por los gobiernos central y autonómicos —Galicia, Asturias y País Vasco— en defensa del naval pero pide al Ejecutivo popular «un último esfuerzo de modo que agote las últimas gestiones para que la situación sobre el 'tax lease' se pueda matizar y evite la muerte de los astilleros».

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, venía insistiendo en que su resolución, que será discutida mañana por el colegio de comisiarios del Ejecutivo comunitario, obligará a los 19 astilleros privados españoles, de los que dependen 87.000 empleos , a devolver esa cantidad, haciendo caer el peso de la sanción sobre armadores y empresas que financian la compra de buques, como Inditex y El Corte Inglés.

Francia, la referencia

Presionado por la delegación española formada por ejecutivos central y regionales, el propio sector y los sindicatos, Almunia propuso después que de la devolución se hagan cargo únicamente las agrupaciones de interés económico . Y ayer, los jefes de gabinete de la Comisión redactaron un nuevo borrador por el cual limitan la devolución de esas ayudas al periodo entre 2007 y 2011, es decir, a partir de que las ayudas del mismo tipo que aplicaba Francia fueron declaradas ilegales.

Sin embargo, la patronal, que considera ese último borrador «tan devastador como los anteriores», exige un trato igual al recibido por el naval francés en 2007, al que no se le reclamó ninguna cantidad . «Los astilleros seguirán defendiendo que no se obligue a la devolución, de manera que se aplique la misma doctrina que en el caso francés», explica Pymar, que avisa de «la injusticia que se cometería en caso de que se decida sobre la devolución íntegra de las supuestas ayudas» y avanza que, de exigirla, se tendría que iniciar una oleada de sanciones iguales en el resto de países europeos que aplican esos incentivos —Holanda, Grecia, Malta y de nuevo Francia—, creando una inseguridad jurídica que únicamente beneficia a los constructores asiáticos .