Almunia reclamará las ayudas al naval sólo a bancos e inversores

El «tax lease», que España aplicó entre 2001 y 2011, concede exenciones fiscales a grandes empresas -Inditex y El Corte Inglés, por ejemplo- y bancos que financien a un armador la compra de un barco a un astillero nacional. Holanda, que también aplica incentivos similares, denunció este sistema a la Comisión por considerarlo incompatible con las normativa europea de ayudas, y esta abrió una investigación sobre la cual el próximo día 17 emitirá una sentencia.

Almunia, encargado de presentar el próximo miércoles ante el colegio de comisarios del Ejecutivo comunitario su propuesta de resolución, venía insistiendo en que la devolución de esas ayudas tendrían que asumirla los armadores y las empresas inversoras, pero no los astilleros. Su nueva propuesta absuelve también a los armadores, para hacer recaer el peso de la sentencia sobre bancos y empresas.

El naval ya había advertido de que en caso de exigir esos 2.800 millones a armadores y agrupaciones de interés, estos reclamarían a su vez a los astilleros, esgrimiendo los contratos firmados, que responsabilizan al astillero pese a que Almunia advirtió de que la Comisión lo impedirá.

Con la nueva fórmula se atisba un efecto similar: los inversores, que habían retenido sus pagos a los astilleros ante la incertidumbre generada, bloquearán definitivamente esos créditos, arriesgando la viabilidad de 19 astilleros privados y 87.000 empleos. Además, esas fuentes alertan de que bancos y empresas iniciarán una cadena de pleitos y recurrirán ante el Tribunal de la UE. «Con elevada probabilidad dentro de unos años les otorgue la razón, pero será tarde», dicen, explicando que para entonces las gradas habrán cerrado.

La comitiva española que hoy se reúne con Almunia está formada por el ministro de Industria, José Manuel Soria; los presidentes de Galicia, Asturias y País Vasco; el de la patronal de los astilleros privados Pymar, Álvaro Platero, y los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez.

Estos reclamarán que el día 17 se dé a España un trato similar al que se dio a Francia en 2006 cuando se ilegalizó su «tax lease» pero no se le reclamaron las ayudas aplicadas. Además, recordarán al comisario que su antecesora, la holandesa Neelie Kroes, avaló el sistema en 2009 ante las quejas de Noruega, y justificarán que esas bonificaciones fiscales estaban vigiladas por Hacienda e incluidas en la legislación nacional. La presión de esta delegación contará con el apoyo en nuestro país de los propios trabajadores de los astilleros, que han convocado nuevos paros para hoy en Vigo, Gondán, Santander y Sestao.