El G-8 insta a compartir información de forma automática para frenar la evasión fiscal

La aplicación concreta del acuerdo será definida por el G-20 en septiembre y por la OCDELa principal medida es su deseo de extender «el intercambio automático de información fiscal» entre las agencias tributarias de todo el mundo. Así se recoge entre los diez puntos de la llamada Declaración de Lough Erne, por el resort golfístico donde se ha celebrado la reunión.

Un texto que resume en diez puntos el contenido financiero y fiscal de los 14 folios de declaración final de la cumbre [puedes leer aquí el documento íntegro en inglés], en la que también reclaman que los países modifiquen sus leyes que permiten a las compañías trasladar sus beneficios de unos países a otros países, y que las multinacionales informen sobre sus obligaciones tributarias en cada país.

Cumbre en septiembre del G-20

La aplicación concreta de ese mecanismo de intercambio de información fiscal será definida en una reunión en septiembre del G-20 –a la que se suman las potencias emergentes como India, China, Brasil o Turquía-, tomando como modelo el sistema de transmisión de información que comparten ya de forma pionera Estados Unidos y los cinco grandes países europeos: Alemania, Francia, Reino Unido, España e Italia. «Esta herramienta fiscal internacional va a ser un recurso real clave para asegurarnos de que se paguen los impuestos debidamente y haya justicia fiscal en el mundo», ha defendido el primer ministro británico y anfitrión de la cumbre.

El G-8 exige también que los países reformen sus códigos tributarios para impedir que las compañías multinacionales puedan «transferir sus beneficios para evadir el pago de impuestos» como hacen, según denuncia el parlamento británico, gigantes tecnológicos como Google , Amazon o Apple. Aunque Cameron ha afirmado que ha llegado la hora de «poner la casa en orden», desde la Alianza de los Contribuyentes británica (Taxpayer's Alliance) le acusan de no querer abordar «la causa profunda del descontento ciudadano», una legislación fiscal «horriblemente compleja», dicen.

Aún así, el ministro de Finanzas, George Osborne, defendió ayer que «se ha avanzado más contra la evasión fiscal en las últimas 24 horas que en 24 años». El G-8 demanda también transparencia en las normas sobre registro para que «las compañías sepan quién es su verdadero propietario» y se conozca quiénes son sus beneficiarios. Además, señalan que los países en desarrollo deberían tener la información y la capacidad de recaudar los impuestos que les corresponden y que otros países tienen el deber de ayudarlos.

En este punto, Cameron no ha logrado sumar aliados detrás de su propuesta de crear un registro público de sociedades, que el Reino Unido acaba de anunciar. EE.UU. tiene un registro de este tipo, pero sin publicidad total porque pondría en peligro las «ventajas» fiscales del estado de Delaware, considerado como un paraíso fiscal.

Cameron logró este sábado que las excolonias británicas que forman los llamados Territorios de Ultramar y Dependencias de la Corona, entre las que figuran conocidos paraísos fiscales como Gibraltar, Bermuda o las islas de Jersey y Man, firmen una convención de la OCDE clave para luchar contra la evasión, al establecer mecanismos de cooperación técnica e intercambios de información. Cameron, satisfecho, ha defendido que lo acordado «tiene el potencial de rescribir las normas sobre impuestos y transparencia en beneficio de todos los países».

Pero muchos los analistas se quedan por ahora con esa idea de «potencial», dadas las fuertes resistencias existentes. Desde la sociedad civil, Jim Clarken de Oxfam ha denunciado que «la evasión fiscal es una mancha negra que necesita mucho más que un lavado rápido», en referencia al acuerdo del G-8.

Transparencia en la industria minera

Por otro lado, la declaración se centra en la transparencia en uno de los ámbitos que más estragos causa en las finanzas de los países en desarrollo. Así, el G-8 reclama que las empresas dedicadas a la extracción minera informen de sus transacciones financieras a todos los gobiernos, quienes a su vez deben publicar los ingresos obtenidos de estas empresas. Asimismo, remarca que los minerales deben ser de origen legítimo «y no saqueados de las zonas de conflicto».