Los bonos que cobraron Millet y Montull no estaban justificados por el Palau

El cesado presidente del Palau, Fèlix Millet, percibió en 2007 una retribución global de 273.000 euros, que aumentó un año después hasta 1,4 millones. El propio Millet, ha recordado Llinares, justificó en su carta de confesión al juez que ese aumento se explicaba por la percepción de un bono al amparo del artículo 35 de los estatutos de la Fundació Palau de la Música".

El actual director general ha aclarado que "ese artículo, el último de los estatutos, según consta en el registro de fundaciones, no habla ni de bonos ni de retribuciones, sino que habla de las condiciones para la disolución de la fundación".

Por tanto, resume, "el concepto de bono se lo aplica él en su confesión, pero es una retribución injustificada, no aprobada por los órganos de gobierno". El director general del Palau ha revelado que el que fuera director administrativo de la Fundació Palau, Jordi Montull, percibió unos honorarios de 169.000 euros en 2007, que pasaron a ser de 474.000 en 2008.

Su hija, Gemma Montull, entonces directora financiera, pasó de 69.000 euros a 118.000 en el mismo período. Los tres habían consolidado en 2009 -hasta julio- una buena parte de estas retribuciones multimillonarias, ha subrayado Llinares. Una de las irregularidades detectadas en relación a estos sueldos es que se cobraban del Consorci y de la Fundació, a pesar de que había un acuerdo de la Fundació que fijaba que la retribución de esta institución era exclusiva y, por tanto, "para cobrar de otra entidad se necesitaba una autorización que nunca se produjo".

El doble cobro de la Fundació y del Consorci se detecta, según las investigaciones, desde 2006 en los casos de Millet y Montull. En cuanto a la ex directora general Rosa Garicano, aunque no se trata de las mismas cifras que los dos imputados, "en 2007 recibió 181.000 euros; en 2008 197.000 euros y en 2009, hasta septiembre, 209.000, por lo que, de haber acabado el año, habría superado los 300.000".

Llinares ha aclarado que han enviado esta documentación al juzgado para que "sea el juez quien califique (el posible delito), pues se trata de una nómina encubierta, pero no se puede decir que sea una bonificación aprobada, como ellos dijeron en su confesión". En los próximos meses, continuarán las auditorías y aparecerán más cifras, pues "de las más de veinte cajas que los Mossos d'Esquadra se incautaron en julio, mucha documentación no se ha podido analizar todavía". Entre estas nuevas cifras de fraude "podría estar un posible desvío en el presupuesto de las obras de remodelación y ampliación del Palau", ha admitido Llinares.