«No diga el presidente, diga la presidencia»: la RAE estalla contra el lenguaje inclusivo en el Congreso

En su reunión plenaria de este jueves, la RAE debatió los puntos de ese documento, así como el guion de un curso de la consultora Cálamo & Cran que Armengol también distribuyó entre los diputados. En el debate de la Docta Casa quedó muy claro el malestar de los académicos por el ninguneo de las recomendaciones de la institución, emitidas en 20 de enero de 2020 a petición del Gobierno en un informe sobre «lenguaje inclusivo cuestiones conexas» en el que dejaban sentado un criterio respetuoso con el uso de los hablantes.

Según se decidió al final del vivo debate entre los académicos, la RAE emitirá de forma inminente una nota muy crítica, encomendada a los académicos que realizaron el informe de 2020, que tienen la máxima autoridad en el idioma dentro de la institución.

Para los académicos resulta chocante que el Parlamento español aprobase unas recomendaciones tan incoherentes con su informe. El documento de las Cortes «muestra enormes incoherencias» y «gestos imperativos» propios de políticas autocráticas, «porque la lengua no se impone, hay que observar con respeto el uso que hacen de ella los hablantes».

En particular se muestran muy críticos con el empeño en obligar a los hablantes a que eviten el masculino genérico, tan ampliamente aceptado por economía de la lengua. Tampoco comprenden que se pida el desdoblamiento y se sumen otras dificultades que no se corresponden con el uso de los hablantes.

En la práctica, aseguran en la RAE, «estas recomendaciones sólo se aplican en la retórica parlamentaria de antes de los discursos, pero en los pasillos ya los parlamentarios ni siquiera utilizan esas expresiones esquivas que ahora se recomiendan».

Para concluir, se preguntan: «¿Acaso cabe acusar de sexistas a la gran mayoría de los hablantes que ni sigue ni tiene por qué seguir las recomendaciones del Parlamento en materia lingüística?»

Fue el pasado 5 de diciembre cuando la Mesa del Congreso, de la que forman parte PSOE, Sumar y PP, aprobó por unanimidad un documento de quince páginas con recomendaciones para potenciar el uso del lenguaje inclusivo. En el texto, se justifica la medida aludiendo a la ley de Igualdad de 2007, que establece que los poderes públicos tienen que trabajar para la «implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas». Ese mandato se corroboró el 6 de marzo de 2020, esto es, a ocho días del estado de alarma por la pandemia del Covid y apenas dos meses después del informe de la RAE sobre el lenguaje. Entonces, la mesa del Congreso y la del Senado, en reunión conjunta, aprobaron la elaboración de una «guía para el uso no sexista del lenguaje» dentro de la Administración parlamentaria. Esa es la que ahora critica la Academia.

La guía es más bien un manual de lengua. Para empezar, aconseja priorizar el uso de términos que no presenten variación de género. Por ejemplo: en lugar de decir «los funcionarios», se prefiere el más neutro «funcionariado» o «el personal funcionario»; la misma lógica rige para «los empleados» («el personal»), «los ciudadanos» («la ciudadanía») o «el presidente» («la presidencia»). Además, se aconseja evitar el término «hombre» para referirse al «ser humano». El espinoso tema de los artículos y determinantes se despacha sustituyéndolos por construcciones invariables en cuanto al género como «cada», «tales» o adverbios de modo. El efecto es este: pasamos de «se pedirá a los titulares que ejerzan su derecho» a «se pedirá a cada titular que ejerza su derecho», y de «unos dos mil asistentes» a «aproximadamente dos mil asistentes».

Con los pronombres se propone la sustitución de locuciones con masculino genérico por pronombres indefinidos: «el que», «la que» y «los que» deberían sustituirse por «quien» o «quienes». Y en los participios también hay que esquivar la letra «o»: se pide la transición del «han optado, forzados por las circunstancias, por establecer la firma electrónica» al «han optado, debido a las circunstancias, por establecer la firma electrónica».

La guía incluye un apartado precisando el femenino de las profesiones y proponiendo formas plurales para esquivar el masculino genérico: así, tenemos «diputada» y podemos usar el plural «composición de la cámara»; y tenemos «la portavoz» y su plural «portavocía»; y tenemos «presidenta» y su plural «presidencia». Los plurales que terminan en «a» no molestan: «motoristas», «electricistas», «policías»… En los formularios dirigidos a la ciudadanía, desde la mesa del Congreso aconsejan «utilizar ambos géneros separados mediante barras» y, además, «alternar la posición de uno y otro género a lo largo del documento». El resultado: «El/la usuario/a», «el/la declarante», «el/la colaborador/a»…

Más adelante, eso sí, matizan: «no se recomienda abusar del uso de las duplicaciones de género, es decir, nombrar con ambos géneros a colectivos que tradicionalmente se nombran con el masculino genérico». Pero luego establecen excepciones anchas: se aconseja desdoblar cuando «la oposición de sexos es un factor relevante en el contexto» o «el masculino genérico resulte ambiguo». También se permite su uso cuando las duplicaciones no generen errores gramaticales.

En ese mismo punto de las excepciones se cita una frase del informe de la RAE de 2020 en la que decía que los desdoblamientos pueden utilizarse «colocados con tino en posiciones estratégicas, especialmente en textos formales (orales o escritos) dirigidos a un auditorio cultivado». En ese mismo informe se reiteraba por activa y por pasiva que la posición de la Academia era que el masculino genérico era perfectamente inclusivo. Pero eso no se menciona, claro.

En el informe de la RAE, además, se insistía en algunas ideas que golpean la línea de flotación de esta clase de medidas. «Es oportuno recordar que los cambios gramaticales o léxicos que han triunfado en la historia de nuestra lengua no han sido dirigidos desde instancias superiores, sino que han surgido espontáneamente entre los hablantes», aseveraban los académicos, que luego consideraban esta práctica escasamente democrática: «Resultaría escasamente democrático sostener que los hablantes nativos desconocen si esos sustantivos son o no inclusivos –o, lo que sería aún peor, negarles la capacidad de determinarlo–, y entender que han de ser los poderes públicos quienes lo decidan, en virtud de su compromiso con la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad».

Además, después de hacer un repaso de la situación del lenguaje inclusivo, la Docta Casa constataba: «Las situaciones de igualdad o desigualdad entre hombres y mujeres en determinados países (europeos o no) son enteramente independientes de las opciones gramaticales que cada idioma elige en dichos territorios para codificar la interpretación inclusiva del género masculino».