Traspié en Europa de las ayudas al cine del Ministerio de Cultura

Las demandas de la plataforma Cineastas contra la Orden fueron las causantes de este pequeño terremoto. La Comisión Europea, en atención a sus alegaciones, ha abierto el proceso de pedir al Gobierno español las consiguientes aclaraciones, para determinar si el texto legislativo español —publicado en el BOE el pasado 24 de octubre— es compatible o no con el ordenamiento europeo. Esto supone cambiar el procedimiento de simplificado a ordinario. La preocupación en el seno del cine español era ayer patente, dado que se desconoce cuándo podrán ser convocadas las próximas ayudas, en un ambiente de crisis que aumenta la incertidumbre.

En este sentido, Pedro Pérez, presidente de los productores españoles, declaró que, aunque se trate de un trámite, «podría comprometer la convocatoria de las ayudas directas e indirectas en 2010».

El Ministerio de Cultura, por su parte, quiso quitar hierro a la decisión de Bruselas, que algunos ven como un varapalo a su política, y aseguró que se trata de un simple trámite administrativo. Felipe Vega, portavoz de Cineastas contra la Orden, aseguró asimismo que las ayudas no se bloquean, aunque el proceso ahora puede durar «la tira». ¿Cuánto dura la tira? «Puede que más que Guardans y que el propio Gobierno».

Según informa Maribel Núñez desde Bruselas, los expedientes sancionadores que cada día pone en marcha la Comisión Europea contra las diferentes legislaciones de los Estados miembros constan de tres etapas y, normalmente, se suelen dilatar bastante en el tiempo de modo que, aun en el caso de que la ley española que regulas las ayudas al cine fuera finalmente declarada incompatible con la legislación comunitaria, el cine español recibiría las ayudas establecidas en 2010.

El procedimiento habitual del Ejecutivo comunitario es, tras detectar que una ley nacional puede ser contraria al Derecho comunitario, una petición formal de aclaración al país afectado y, si la respuesta no es satisfactoria, pone en marcha todo el procedimiento de un expediente de infracción, que consta de dos etapas y la posterior denuncia ante el Tribunal de Justica de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, fallo ante el cual el Estado miembro puede presentar también recurso en caso de desacuerdo, algo muy habitual.