La Audiencia Nacional no paralizará el apercibimiento de Cultura a SGAE

Según el auto de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso Efe, «no procede» llevar a cabo el recurso contencioso-administrativo que la entidad de gestión interpuso contra Cultura por considerar que el apercibimiento contenía «un relato de hechos y una fundamentación jurídica distante de la realidad ».

En concreto el apercibimiento del ministerio de José Guirao , del pasado 27 de septiembre, requería a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) que cumpliera con la ley y se ajustara a la legislación en lo referido, entre otros asuntos, a sus estatutos y el voto electrónico , y le daba un plazo de tres meses para que el tema «quede resuelto».

Según el auto del juez de la Audiencia Nacional Francisco de la Peña, no ha «lugar» a suspender la ejecución de la resolución recurrida por la SGAE, « ni de la obligación de constituir en un plazo de tres meses una nueva Junta Directiva a través de un proceso electoral en el que se incluya el derecho al ejercicio del voto electrónico que se interesa con carácter subsidiario».

« No procede , insistimos, llevar a cabo en la pieza de medidas cautelares, y dentro del limitado cauce que habilita, un análisis sobre las cuestiones que apunta la parte actora, pues anticipan , en realidad, los argumentos sustantivos en los que ha de asentarse la pretensión anulatoria », afirma el auto.

Además, según añade, «sin dudar del interés que puede asistir» a la SGAE a «mantener el sistema actual» en los términos que pretende, «existe también un interés público» que demanda su «mejor funcionamiento» en cuestiones de tan «indiscutible relevancia», como la adaptación de sus estatutos a la normativa actual y la «observancia estricta» de las reglas de reparto de derechos recaudados que fija la legislación de propiedad intelectual.

Asimismo, también hace referencia a que hay un «interés público» en «la plena efectividad del derecho de los miembros de las entidades gestoras a comunicarse electrónicamente con la entidad », o el «cumplimiento» de las normas que regulan el funcionamiento de la Junta Directiva «como órgano de gobierno y representación».