El Gobierno fortalece la ley para proteger la propiedad intelectual

Los ámbitos fundamentales de la reforma son las entidades de gestión de derechos de autor , los procedimientos de lucha contra la piratería, el concepto legal de copia privada y la trasposición de la Directiva 2011.

Se trata, según la vicepresidenta, de una «reforma parcial en sus aspectos más urgentes». «Se refuerzan los mecanismos de supervisión y transparencia de las entidades de gestión y se crea un mecanismo de ventanilla única. Otro de los aspectos esenciales es la mejora de la protección de la propiedad intelectual, con un nuevo concepto de copia privada», ha dicho Sáenz de Santamaría.

El anteproyecto aprobado hoy se limita a una reforma acotada a aquellos aspectos que tienen que ver con la actuación de los poderes públicos y que «requieren una mayor urgencia para proteger la propiedad intelectual». Queda, por tanto, pendiente «una reforma de mayor alcance a través de la cual se consiga un nuevo equilibrio entre titulares de derechos y usuarios», ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno.

La copia privada queda circunscrita a las copias de uso privado y sin fin comercial. Según Wert, «básicamente acota el concepto de copia privada exluyendo cosas que han quedado claramente exlcuidas después de la sentencia del 'caso Padawan' ». Y es que, según el ministro, «cada vez tiene una importancia menor la copia privada utilizando soportes materiales». Se generaliza, además, el derecho de cita a todos los ámbitos de la educación científica y se permite la utilización de pequeños fragmentos.

Pero, sin duda, uno de los aspectos más novedosos es la compensación a los editores frente a determinado tipo de utlización de sus contenidos por parte de los agregadores, en lo que ya se conoce como «tasa Google». «Es una regulación pionera en el ámbito de la Unión Europea, porque introduce el derecho de los editores a obtener compensación por el uso que de sus ediciones hacen los agregadores de noticias», ha explicado Wert en respuesta a los periodistas.

«En la mente de todos están los problemas que en este país ha habido en años pasados», ha comenzado diciendo el minsitro de Cultura en clara alusión al escándalo que hace un tiempo azotó la SGAE. El Gobierno busca establecer una mayor transparencia en la gestión de estas entidades, para lo que ha dispuesto tres mecanismos de supervisión y control: el Ministerio (a través de la Secretaría de Estado de Cultura), tarifas equitativas y una metodología transparente de establecimiento de las mismas y la función de la Comisión Nacional de la Competencia.

En este ámbito es fundamental la creación de una ventanilla única para la facturación y el pago de los derechos de autor. «La norma prevé la creación de una entidad de carácter privado en la que tienen que participar todas las entidades de gestión», ha explicado Wert, quien además ha asegurado que se busca también reducir «los costes de transacción de la propiedad inteelctual».

Según José Ignacio Wert, la reforma de la LPI en este ámbito está «orientada a impulsar el desarrollo de una oferta legal en el entorno digital». El ministro ha destacado una «innovación importante» desde el punto de vista procesal, ya que se permite que en la vía civil se pueda investigar la identificación del sospechoso de las vulneraciones. No habrá que acudir, por tanto, a la vía penal para defender los derechos de propiedad intelectual.

Con respecto a la potestad sancionadora de la Comisión de Propiedad Inteelctual, se han introducido «mecanismos para perseguir a quienes facilitan el enlace a los alojadores de servicios ilegales». Según Wert, se trata de actuar contra las entidades que facilitan la localización de contenidos ilícitos y especialmente los que ordenan y clasifican los enlaces a esos contenidos».

Eso sí, en uno de sus puntos más polémicos, la reforma «no afecta a los motores de búsqueda que ocasionalmente y sin finalidad comercial puedan enlazar a contenidos ilícitos». Sin embargo, se fortalecen las sanciones contra la piratería y se introduce un régimen sancionador gradual, de entre 30.000 y 300.000 euros, en función del grado de infracción. «Las sanciones podrán afectar tanto a los anunciantes como a los intermediarios, adoptando como última solución el bloqueo técnico de este tipo de páginas».

A este respecto, el ministro de Cultura ha desvelado que la Comisión de Propiedad Intelectual ha recibido 151 solicitudes contra páginas web que vulneran los derechos de propiedad intelectual. 21 de estas webs han cesado por completo su actividad y 66 siguen siendo investigadas. «Esto no va a resolver todos los problemas de la piratería, porque no son solo nacionales, las páginas no están en el ámbito jurisdiccional de manera que se pueda actuar contra ellas, aunque es importante que quede abierta la vía civil», ha rematado Wert.

Por último, el ministro de Cultura y la vicepresidenta del Gobierno han querido destacar la extensión de los derechos musicales con letra de 50 a 70 años.