La reducción del 5% en el pago base de la PAC puede afectar en Andalucía a unas 400 explotaciones

Según el reciente acuerdo de la Unión Europea, habrá que aplicarlo obligatoriamente a quienes reciban más de 150.000 euros de ayudas descontando el «greening» y los costes laborales

ASUNCIÓN FDZ. DE CASTILLEJO

30/09/2013
Actualizado a las 09:06h.

En Andalucía hay unas 700 explotaciones que vienen percibiendo más de 150.000 euros en ayudas directas de la UE, pero de ellas se prevé que sólo unas 400 se vean afectadas por la nueva normativa, recién aprobada en Bruselas, que obliga a los gobiernos a hacer una reducción de «al menos el 5%» en el pago base a los que superen los 150.000 euros de ayudas por explotación.

La razón de que no vaya a afectar a todos los que superan los 150.000 euros en ayudas actuales es que, con la entrada en vigor de la reforma, un 30% del dinero de los pagos directos a los agricultores se destinará a sufragar el «greening», es decir que ese dinero lo recibirán sólo los que cumplan las condiciones que se determinan para ello. El dinero que llegue a los agricultores vía «greening» no cuenta a la hora de aplicar la reducción del 5%. Asimismo, de los 150.000 euros se podrán descontar los costes laborales de la explotación. Y con estos descuentos se calcula que los 150.000 euros en pagos base sólo los recibirán los que ahora tienen derechos por más de 200.000 euros, es decir unas 400 explotaciones andaluzas como mucho de entre los 260.000 perceptores de la PAC que hay en la comunidad autónoma.

Antonio Caro, jefe de los servicios técnicos de Asaja Sevilla, opina que este acuerdo de última hora es negativo para la agricultura andaluza pues aunque efectivamente se supone que la reducción afectaría sólo a una minoría, la mayor parte de esos afectados son figuras asociativas y muchos de ellos —«sobre todo en Andalucía»— son comunidades de bienes, una figura jurídica que permite la gestión conjunta de una explotación en pro de su mayor rentabilidad y competitividad. Por ejemplo, según explica Caro, muchos hermanos cuando reciben una explotación agraria en herencia deciden llevarla con esta fórmula en vez de dividirla y de esa manera ahorran costes. «Con este recorte en las ayudas, muchos optarán por hacer realidad esas divisiones y las explotaciones serán menos rentables y competitivas». Caro asegura que «va en contra de la política de concentración de la producción que se viene pregonando».

Otro peligro del que alertan desde Asaja con este acuerdo es el hecho de que el texto del mismo habla de un mínimo, un 5%, pero no de un máximo. Queda a la voluntad del Estado miembro imponer una reducción mucho mayor. En este sentido, Antonio Caro recuerda que la Junta de Andalucía defendió en julio, cuando se discutió la aplicación en España de la nueva PAC, que a partir de 150.000 euros se aplicará una reducción del 50% de las ayudas. A partir de 300.000, del 100%.

Los flecos de la PAC

Esta reducción de las ayudas a los grandes perceptores era uno de los flecos que quedó pendiente en el acuerdo general sobre la aplicación de la PAC que se alcanzó en junio en las conversaciones entre Comisión, Consejo y Parlamento, pero no fue el único.

Así, junto a esta llamada «degresividad» de las ayudas, ahora se han cerrado otros temas que quedaron abiertos. Es el caso de la tasa de cofinanciación en el Desarrollo Rural, la posibilidad de trasvases de fondos o los niveles de convergencia externa que hay que alcanzar antes de 2019.

Sobre la cofinanciación, se ha acordado elevar del 75 al 85 % la cofinanciación europea de los programas de desarrollo rural en las regiones ultraperiféricas y en las menos desarrolladas, es decir, las consideradas como «convergencia», lo que en España beneficiará a Extremadura. En el caso de Andalucía la cofinanciación queda en el 75%, pero se despeja el peligro de tasas mucho más bajas que se habían estado barajando, según afirma Antonio Caro. Además, hay algunas excepciones como son las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores en las que la cofinanciación puede ser mayor que ese 75%. Igual ocurre con algunas de las medidas de desarrollo rural que se refieren a la lucha contra el cambio climático o a favor del medio ambiente. Sin embargo, aún no se sabe a qué medidas en concreto se aplicará y si entre ellas estarán las agroambientales que en Andalucía demandan muchos agricultores y ganaderos.

Por último, en cuanto a los niveles de convergencia, el acuerdo alcanzado no sólo no perjudica a España sino que incluso la beneficia, ya que la ayuda media en España es menor que la europea, por lo que le corresponde percibir un ajuste hacia arriba de unos tres euros por hectárea, algo más de 60 millones de euros de aquí al 2019.