70.000 euros a científicos españoles por afiliarse a universidades saudíes: «Todo el mundo lo sabía y hacían la vista gorda»

Petrovic se negó, pero parece que otros investigadores españoles sí se han dejado tentar a golpe de talonario, según un informe de la consultora Siris del que se ha hecho eco el periódico 'El País'. El diario sitúa la cifra en once. El caso más sonado es el del químico Rafael Luque, suspendido de empleo y sueldo por la Universidad de Córdoba durante 13 años por 'simular' que su primer empleador era la misma institución de Riad que tanteó a Petrovic.

Algunos de los investigadores señalados pertenecen a centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuyo Comité de Ética ha iniciado una investigación, caso por caso, para comprobar si se han cometido irregularidades y de qué tipo. Además, advierten de que la Ley de la Ciencia regula la doble afiliación desde septiembre de 2022, por lo que debe observarse cómo ha sido aplicada. El Ministerio de Ciencia e Innovación, por su parte, esperará a conocer la valoración del CSIC y, en caso de que exista alguna irregularidad, «se depurarán responsabilidades».

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Patricia Biosca

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Lo que tienen común los investigadores españoles cuestionados es que aparecen en la lista 'Highly Cited Researchers' elaborada por la empresa inglesa Clarivate, que recoge a los 7.000 científicos más citados en todo el mundo, y tienen como principal empleador a un organismo saudí. Según Petrovic, cualquiera que echara un vistazo a esa lista se daría cuenta de que muchos autores de distintos países firmaban como pertenecientes a centros saudíes. «Claramente se ve que no trabajan allá», dice a este periódico. Sin embargo, esta práctica «ha sido bastante habitual y se conocía en el mundo científico», asegura. A las universidades de Arabia Saudí, «no les falta el dinero de las matrículas de sus estudiantes, pero buscan influencia y prestigio. Lo mismo que hacen con el deporte y otras esferas lo han aplicado a la ciencia». Y sobre los que acceden a jugar a su juego: «El dinero es tentación».

Sin embargo, Petrovic pone el acento en la indulgencia de las propias instituciones españolas. «Si en España hay proporcionalmente más casos que en otros países -China le supera por uno, según el estudio de Siris- es porque ninguna institución reaccionaba. Se hacía y no pasaba nada. Se ha hecho la vista gorda. Uno se decía: 'Bueno, si mi compañero lo hace, por qué no yo'», señala. Igualmente, subraya que todos los centros de investigación presumen de tener científicos altamente citados, por lo que está claro que están atentos a las listas, «y ahora parece que se sorprenden. No sé cómo se pueden sorprender de algo que pasa año tras año. No parece creíble».

La forma de actuar tan poco ética de las universidades saudíes tiene otras caras. El pasado noviembre, Blanca Landa, investigadora del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) y uno de los mayores referentes internacionales en el estudio de Xylella fastidiosa, un agresivo patógeno de los cultivos, también recibió un correo electrónico. «Un profesor me ofrecía 1.500 dólares (más de 1.300 euros) por incluir su nombre en mis investigaciones», explica a ABC. Así, sin hacer nada. La propuesta incluía invitaciones al país árabe.

«La rechacé de inmediato y le pedí que no volviera a escribirme, que se olvidase de mí», recuerda la investigadora, que tiene 140 artículos científicos en revistas de alto impacto en su campo y sale en la lista de Clarivate. «Aparte de que sea ético o no, cuando envías un artículo científico tienes que garantizar el trabajo que desempeña cada uno de los autores, ya sea la parte experimental, el análisis de datos o la revisión del manuscrito. ¿Cómo vas a incluir a alguien que ni conoce ni sabe nada de la investigación?», se pregunta.

Aunque el caso de Rafael Luque parece uno de los más sangrantes por cómo ha terminado, otros podrían tener una justificación. Por ejemplo, Ángel Borja, del centro tecnológico vasco AZTI, ha firmado con doble afiliación unos 20 artículos científicos hasta noviembre de 2022, pero fue la propia institución la que firmó un contrato de servicios con la Universidad Rey Abdulaziz (KAU). «Uno de sus objetivos era posicionar a esta universidad en el ámbito internacional mediante un investigador de AZTI altamente citado como es mi caso», explica en un correo electrónico. Además, la primera afiliación «siempre ha sido AZTI y la segunda KAU. Esto es algo habitual en los científicos de alto nivel que colaboran con otras universidades o centros de investigación», añade.

Otros dos españoles que aparecían en Clarivate pagados por la KAU son Mirian Pateiro y Rubén Domínguez, trabajadores temporales del Centro Tecnológico de la Carne (CTC) en Galicia. Sin embargo, la Consejería del Medio Rural ha informado de que ninguno de los dos formalizó jamás ningún tipo de contrato con la universidad saudí, por lo que han solicitado su baja de la lista.