debate soberanista
Jueces catalanes firman un manifiesto defendiendo la legalidad de la consulta
Sostienen que «la indiscutible realidad nacional de Cataluña comporta, indefectiblemente, el reconocimiento de su derecho a decidir»
Jueces catalanes firman un manifiesto defendiendo la legalidad de la consulta
Treinta y tres jueces catalanes han firmado un manifiesto por el «Derecho a Decidir» en el que defienden la legalidad de la consulta soberanista «en el actual marco constitucional» e «interpretado a la luz de la normativa internacional».
Entre los firmantes figuran Montserrat Comas, ... que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2011 y 2008 y expresidenta del Observatorio de Violencia de Género, los dos instructores del caso Palau, Juli Solaz y Josep Maria Pijuan, jueces de instrucción como Josep Maria Miquel Porres y Josep Niubó, y el magistrado de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal.
Sostienen que «la indiscutible realidad nacional de Cataluña comporta, indefectiblemente, el reconocimiento de su derecho a decidir» y declaran que «el denominado 'principio democrático' impregna todo el ordenamiento jurídico internaciona l y comunitario», informa Efe.
Los magistrados proclaman que «una de las manifestaciones más elementales» de dicho ordenamiento jurídico es «el derecho de los pueblos y naciones a decidir su futuro».
El documento apela al artículo 1 de la Carta Magna, en el que se propugnan los valores de «libertad», «justicia», «igualdad» y «pluralismo democrático», y asegura que la negación del derecho a decidir sólo se puede entender y sostener por un criterio estrictamente ideológico y político de negar la realidad nacional de Cataluña.
El manifiesto también recuerda que, como se desprende de los artículos 23 y 92 de la Constitución, los ciudadanos tienen derecho a participar en asuntos públicos y, además, «se prevé la posibilidad de consulta por medio de referéndum respecto a las decisiones políticas de especial trascendencia».
Los magistrados también apelan a «la voluntad del pueblo» como «base de la autoridad del poder público» recogida en Declaración Universal de Derechos Humanos y «al derecho de los pueblos a su libre determinación», incluido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
«La cuestión clave de este debate (...) pasa por aceptar o no la realidad nacional de Cataluña», señalan los jueces, quienes agregan que «si el reconocimiento no fue, en su momento, más explícito ha sido por (...) el modelo de transición a un régimen democrático y el peligro de involución o amenaza autoritaria».
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