FAES desmonta en veinte preguntas y respuestas las mentiras del independentismo catalán

J.G.M.

29/01/2014
Actualizado 30/01/2014 a las 12:08h.

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Ni España roba a Cataluña ni la independencia resolvería los problemas de los catalanes. Todo lo contrario: «La secesión probablemente es el más absurdo y gratuitamente destructivo empeño político, económico y social de la historia de Cataluña». Así lo demuestra la Fundación FAES en un informe hecho público hoy, que aporta veinte preguntas con respuestas sobre el proceso separatista impulsado por Artur Mas . [ Consulta el informe completo (PDF) ]

El documento se estructura en cuatro apartados, en los que se responde al porqué, que analiza los motivos esgrimidos para la secesión; al cómo, a través de qué vía se pretende obtenerla; a qué precio, el coste del proceso, y para qué, el resultado previsible del mismo. Las respuestas que ofrece FAES forman parte de un trabajo previo de reflexión y debate que se ha llevado a cabo por académicos, políticos, economistas y miembros de la sociedad civil. Lo que sigue es un extracto del informe:

«No, en absoluto. Ni en 1714 ni en los trescientos años transcurridos desde entonces. (...) Si la política democrática consistiera en esgrimir agravios históricos probablemente los pueblos europeos, y con ellos el español, nunca hubiéramos logrado superar nuestras diferencias de forma pacífica».

«Sí, sin duda. La Transición española fue también una transición muy catalana. (...) Los catalanes tenían una clara conciencia de que no había habido una guerra civil de Cataluña contra España, sino una guerra civil de todos los españoles, también de unos catalanes contra otros catalanes».

«Rotundamente sí. La Constitución española es también la Constitución de los catalanes, que la celebraron masivamente. Lo es sea cual sea su residencia, igual que es la Constitución de los madrileños, los vascos o los andaluces que viven y trabajan en Cataluña. Dos de los siete ponentes constitucionales eran catalanes y muchos diputados y senadores catalanes hicieron aportaciones destacadas a la Constitución».

«Obviamente no. Ciertamente eso se repite todos los días en declaraciones y documentos, hasta el punto de que esa es la creencia general de muchos ciudadanos catalanes, pero no es verdad. Es una lamentable excusa, porque el Estatuto era inconstitucional en numerosos e importantes aspectos y el Tribunal Constitucional no tuvo más remedio que declararlo así».

«No, esa afirmación carece de fundamento. Desde 1977 hasta hoy el número de diputados en el Congreso elegidos en Cataluña ha sido de 579. Los diputados elegidos en Madrid han sido 429. Algo parecido puede decirse del Senado. Desde ese punto de vista, la Constitución y las leyes que se han hecho en el Congreso de los Diputados para toda España han sido, si se permite la expresión, mucho más catalanas que madrileñas».

«No. Ni en España ni en ninguna otra democracia. La Constitución y las leyes son precisamente las que aseguran el derecho a decidir sobre los asuntos políticos que nos afectan, como se viene haciendo con absoluta transparencia y naturalidad en las elecciones locales, autonómicas, europeas y generales, entre otros procedimientos, incluido el referéndum en los términos fijados en la Constitución».

«No, no lo es. Se trata de un derecho limitado a procesos de descolonización y regímenes no democráticos y que no respetan el Estado de Derecho, sujeto a condiciones enumeradas por la ONU que no tienen nada que ver con lo que sucede en Cataluña ni en ninguna otra parte de España».

«Rotundamente no. Ni la Generalitat de Cataluña ni ninguna otra institución española pueden plantear un referéndum con semejante contenido. (...) Cuando se apela al derecho a decidir, como ocurría en la Ley del Parlamento Vasco y ahora en Cataluña, el Tribunal observa que ese derecho presupondría la existencia de un sujeto (pueblo vasco, pueblo catalán) equivalente al sujeto titular de la soberanía que es el pueblo español. Pero ni cabe otro soberano, ni el derecho a decidir deja de afectar al conjunto de los ciudadanos».

«No cabe que ninguna institución, ni siquiera el Gobierno del Estado, convoque un referéndum de secesión. Como tampoco cabe que el Gobierno delegue en la Generalitat la competencia para convocar una consulta de esta naturaleza, y menos aún para convocar un referéndum con unas preguntas anunciadas por los propios interesados, que ya se conoce que son inequívocamente inconstitucionales».

«No. No existe ningún otro cauce legal para una consulta de secesión en Cataluña sin modificar la Constitución. (...) Si la Constitución no se puede reformar fácilmente es porque de ese modo se garantiza que el acuerdo de todos no se puede cambiar entre unos cuantos, y esto es algo que beneficia a los partidos pequeños, no al revés, como en ocasiones se afirma».

«No. Desde el siglo XVIII se constata un intenso proceso de modernización de la sociedad catalana, uno de cuyos indicadores más claros es el aumento de su población. (...) Gracias a estas políticas proteccionistas y no de libre competencia, Barcelona pudo convertirse en una gran ciudad comercial e industrial, como núcleo de una Cataluña próspera».

«Por supuesto que no. El secesionismo afirma que existe un presunto maltrato fiscal que padecen los ciudadanos catalanes en el actual modelo de Estado y que por ello es urgente alterar el sistema de financiación de Cataluña, como primera etapa, y avanzar luego por la senda de la ruptura como un empeño ineludible tras tantos años de injusticia. Pero eso no es más que un mito, algo que a fuerza de ser repetido puede llegar a parecer verdadero, pero no lo es. Es, simplemente, la propaganda que algunos partidos catalanes han alimentado para activar uno de los factores más peligrosos del populismo nacionalista: el sentimiento de pertenencia a una comunidad que es agredida desde el exterior y cuya identidad está siendo puesta en peligro».

«Una Cataluña fuera de España estaría fuera también de la Unión Europea y, cómo no, de la Unión Económica y Monetaria, es decir, del euro. La deslocalización de instituciones financieras, los costes de financiación más elevados, la caída de las exportaciones a España y a la UE, y la deslocalización de empresas no financieras son algunos de los efectos que se seguirían naturalmente del mantenimiento del “euro catalán” como moneda de una Cataluña escindida».

«No, al contrario. Su situación económica cambiaría muchísimo y para mal. Además de perder el euro, si Cataluña se encontrase fuera de la Unión Europea se vería separada de sus vecinos, España y Francia, y del resto de socios europeos por el Arancel Exterior de la Unión; la legislación de la Unión dejaría de aplicarse en Cataluña, y también se vería privada de los Fondos de la Política Agrícola Común y de los demás fondos que a lo largo de su historia Europa ha creado para paliar los efectos de la crisis en países que han estado seriamente afectados por ella o para favorecer el desarrollo regional de algunos de ellos».

«Dado que el peso del comercio con el resto de España es decisivo en el conjunto de la actividad económica de Cataluña (aproximadamente 10.000 millones de euros de exportaciones de Cataluña a Francia, frente a 62.000 al resto de España), los efectos de la secesión serían devastadores. Como media, un tercio del empleo en Cataluña depende directamente de las exportaciones al resto de España, y en sectores como la agricultura, ganadería y pesca, industria y construcción ese porcentaje alcanza alrededor del 50%».

«No. Ni seguiría ni probablemente entraría fácilmente, puesto que eso exige el acuerdo de todos sus miembros y el cumplimiento de unos requisitos que el secesionismo rechaza de plano. (...) El Consejo Europeo no admitiría jamás que un hipotético representante catalán invocara un hecho diferencial o un derecho a decidir, o un derecho a la estatalidad y a la asimetría para oponerse a una norma europea».

«No, no seguiría en la OTAN, por razón equivalente a la anterior. Su portavoz recientemente ha dejado claro que si una parte del territorio nacional de un país se secesiona, tendría que renegociar su entrada: “Para que cualquier nación se incorpore a la Alianza necesitaría obtener el consenso de todos los aliados de la OTAN”».

«No seguiría en la ONU, tendría que solicitar su ingreso. (...) Es improbable que países determinantes como Rusia, Estados Unidos, Francia o China aceptaran prestar su apoyo a la secesión contra un Estado democrático, por razones de principio y por razones de orden político interno».

«El principio es que España sin Cataluña seguiría siendo parte de todas las instituciones de las que ahora lo es –aunque no necesariamente en las mismas condiciones; por ejemplo, en la Unión Europea habría que renegociar el peso en el Consejo, el número de europarlamentarios, etc.– y que Cataluña no lo sería de ninguna hasta que lograra negociar su ingreso como un nuevo miembro. Todos los tratados afectados tendrían que ser negociados».

«El resultado de la secesión es claro desde el punto de vista jurídico, político, económico, social e internacional: debilidad institucional, empobrecimiento severo y aislamiento internacional. Pese a que el secesionismo se esfuerza en ocultar esta realidad a la sociedad catalana, lo cierto que es que los procesos secesionistas conducen a esas consecuencias, y Cataluña no tiene por qué ser una excepción».

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