Cataluña multa a Airbnb con 30.000 euros por ofrecer pisos turísticos ilegales

Persecución a los pisos turísticos no oficiales en Cataluña. La Generalitat ha impuesto una multa de 30.000 euros a Airbnb, la plataforma de Internet que permite reservar alojamientos de particulares de todo el mundo , por comercializar apartamentos turísticos que no están legalizados . Además, el portal también ofrece habitaciones en domicilios particulares, lo que está prohibido por la legislación catalana.

Tras una inspección de oficio realizada por el departamento de Empresa y Empleo, el gobierno catalán ha detectado que la empresa estadounidense intermedia entre turistas y propietarios de viviendas que no están inscritas en el Registro de Turismo de Cataluña, según avanza hoy el diario El País y han confirmado a Efe fuentes de esta conselleria.

La Generalitat considera la infracción de Airbnb como grave, ya que su actividad supone una competencia desleal con el resto del sector, por lo que le ha impuesto la s anción máxima, de 30.000 euros.

En caso de que la compañía no retire de inmediato del portal las viviendas que no cumplen la normativa, el Govern se plantea iniciar el procedimiento para impedir que se pueda acceder a la plataforma desde Cataluña, para lo que la administración catalana necesitará la colaboración de las operadoras.

Airbnb, que fue fundada en 2008 en EEUU, tiene presencia en 192 países y desde el pasado abril tiene un mercado de viviendas específico para Barcelona , así como la apertura de una web en catalán. La capital catalana se convertía así en la primera ciudad española con una propia "guía de vecindarios" de Airbnb, uniéndose a otras ciudades que cuentan con un mercado de alojamientos propio, como Nueva York, París, Londres, San Francisco, Roma o Boston, entre otras.

La sanción a Airbnb llega días después de que la Generalitat haya exigido a Uber, la aplicación telefónica para el transporte entre particulares, que cese inmediatamente su actividad , y haya advertido que castigaría cada infracción de la normativa de transporte de viajeros con multas de hasta 6.000 euros .