La querella, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el despacho de abogados de María Ponte, se basa en la posible existencia de responsabilidad penal por un supuesto delito de desobediencia.
En un comunicado SPP y UFP explican que han asumido lo que entienden su obligación y añaden que la posible inobservancia de lo expresado por el TC avalaría esta iniciativa.
Explican que la jura o promesa de sus componentes respecto al acatamiento de la Constitución así como al resto del ordenamiento jurídico, unido todo ello a la obligación de poner en conocimiento de la autoridad judicial los hechos que pudieran revestir características de delito, han motivado que tanto SPP como UFP hayan interpuesto la querella.
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