El PP enmienda una ley en trámite para aforar a Don Juan Carlos

Don Juan Carlos perdió a las 00.00 horas del jueves la inviolabilidad ante la ley consustancial a su condición de Rey que impedía que fuera juzgado, pero antes de que acabe julio tendrá un aforamiento. En lo penal, no será distinto al que protege a diputados y senadores, aunque sí será superior en lo civil, ya que amparará los actos de la vida privada de quien ha sido Monarca de España 39 años y no solo los que afecten al desempeño de sus funciones. En la práctica, esta figura jurídica se traducirá en que toda acción judicial que pudiera emprenderse contra él recaería siempre en el Tribunal Supremo.

El mismo régimen se aplicará también a su esposa, Doña Sofía, a la Reina Doña Letizia y a la Princesa de Asturias y su futuro cónyuge, todo ello en virtud de una enmienda que el PP introdujo ayer aprovechando la reforma de una ley cuya tramitación está muy avanzada en el Congreso, referida al régimen laboral de jueces, fiscales y funcionarios de Justicia. Ese atajo garantizará que los cambios legales que afectan al Monarca abdicado y sus familiares se produzcan de forma exprés. Al mismo tiempo entrará en vigor una disposición transitoria, según la cual cualquier procedimiento abierto contra ellos en estas semanas quedará inmediatamente congelado y enviado al Supremo. Nada de ello afecta a Felipe VI, que es inviolable y no está sujeto a responsabilidad, según establece la Constitución en su artículo 56.3.

«Racionalizar» funcionarios

Ante la determinación de agilizar al máximo el aforamiento de Don Juan Carlos —que se hace siguiendo recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)—, el PP manejaba tres alternativas. La más rápida, la elegida, pasaba por incluir enmiendas en un texto que ya estuviera sobre la Mesa del Congreso, en este caso el proyecto de Ley orgánica complementaria de la «Ley de Racionalización del Sector Público», que modifica a su vez de forma puntual tres artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

De hecho, el pasado martes, la Cámara Baja amplió hasta ayer viernes —un día después de la proclamación de Don Felipe— el plazo de presentación de enmiendas parciales a ese proyecto de ley para dar cabida a las novedades incorporadas por el PP, al que bastaría su mayoría absoluta para aprobar estos cambios.

No obstante, según avanzó ayer su portavoz en la Cámara Baja, Alfonso Alonso, el deseo es que la reforma que formalizará el aforamiento de Don Juan Carlos salga adelante con el mayor apoyo posible, para lo que se ha informado de la regulación propuesta a todas las fuerzas parlamentarias. De hecho, a las enmiendas se han adherido UPN y Foro Asturias.

El PSOE, por su parte, se comprometió a «estudiar» la fórmula planteada. Mientras UPyD -que respaldó en el Congreso la Ley de Abdicación del anterior Rey-criticó lo que entienden es una «gigantesca improvisación» del PP y defendió su visión de que en España existen demasiados aforados, por lo que se impone ajustar ese «privilegio» a los casos previstos en la Constitución, entre los que no figuran los monarcas abdicados.

Cuestión de tiempo

Sin más dilación, la reforma de la Ley de Racionalizacion del Sector Público y las enmiendas presentadas serán examinadas el lunes en una ponencia parlamentaria nombrada al efecto y el martes se debatirán en la comisión parlamentaria de Justicia, que librará el correspondiente dictamen para que el texto vaya a Pleno. El hemiciclo podría abordar la modificación la próxima semana, incluso habilitando una sesión aún no prevista el jueves por la tarde. De lo contrario habría que esperar a entre el 8 y 10 de julio -la primera semana de cada mes no hay actividad plenaria-, aunque a costa de reducir los plazos en el Senado si se quiere cumplir el objetivo de que el fuero del Rey saliente entre en vigor antes de agosto.

Ley específica

Esta vía impulsada por el PP aparca otra de las opciones que se barajaron —regular el estatuto jurídico de Don Juan Carlos y Doña Sofía en una ley específica—, pero sólo se anticipa, sin suprimirla, a la considerada más adecuada por los juristas. Se trata de enmarcar esas figuras jurídicas en la futura reforma global de la propia LOPJ, que es el instrumento legal que recoge los aforamientos ante tribunales especiales.

Esa reforma está aún en anteproyecto, pendiente de los informes preceptivos, lo que significa que tardaría al menos un año en estar lista para su aplicación. En el texto inicial, el Gobierno incluyó la previsión del aforamiento de la Reina y los Príncipes de Asturias, pero cuando se aprobó en Consejo de Ministros ni se contemplaba la abdicación del Rey, por lo que no se abordó en ningún caso esa necesidad.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se sumaba ayer mismo a las voces que creen convincente que el régimen de Don Juan Carlos ante la Justicia se resuelva «no en términos de urgencia» —decía— «pero sí con la rapidez suficiente» para evitar «situaciones de transición».