¿Es el aforamiento un privilegio o una protección necesaria?
Una imagen de archivo del Congreso de Los Diputados - Jose Ramon Ladra
Tribunales

¿Es el aforamiento un privilegio o una protección necesaria?

El objetivo es que los tribunales ordinarios no sufran presiones al juzgar a poderosos. Hasta ahora ningún miembro de la Familia Real era aforado, puesto que el Rey era «inviolable»

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El Gobierno trabaja para conceder una protección judicial especial a Don Juan Carlos una vez que ceda la Corona al Rey Felipe VI. Así, cuando deje de ser Rey de España gozará de la condición de aforado, posiblemente por la vía de una ley orgánica, lo que significará que si le imputan algún delito su causa la verá directamente el Tribunal Supremo, en lugar de un tribunal de primera instancia.

La legislación actual protege a los cargos más representativos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. De esta forma, son aforados el presidente del Gobierno, los ministros, los presidentes de los gobiernos autonómicos y sus consejeros. Además, el artículo 71 de la Constitución, desarrollado por el 57.1.2º de la LOPJ, reconoce el aforamiento a los presidentes del Congreso y del Senado y a los diputados y senadores.

En total, se calcula que más de 10.000 personas en España gozan de protecciones judiciales a distintos grados. Y 2.300 son políticos, la mitad de ellos diputados autonómicos. No en vano, entre los distintos grados de aforamiento, son los políticos los que cuentan con mayor protección: nunca podrán pasar por un tribunal ordinario mientras estén en el cargo.

La condición de aforado persigue dos objetivos: por un lado, que la labor de los altos cargos no sea lastrada por maniobras políticas; y por otro, que los tribunales ordinarios no sufran presiones al juzgar a poderosos. El Tribunal Supremo es un tribunal de última instancia. Se recurre precisamente al Supremo porque se entiende que un órgano colegiado responderá mejor a las posibles presiones políticas que los jueces de una categoría menor. En palabras del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el aforamiento es «un instrumento para aumentar la seguridad jurídica sobre personas que el legislador entiende que deben ser objeto de una tutela».

Reforma judicial pendiente

Ningún miembro de la Familia Real cuenta con la condición de aforado. En el caso del Rey no se precisa aforamiento porque, según establece la Constitución española, su figura «es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». De hecho, meses antes de conocerse la abdicación de Don Juan Carlos, el Ministerio de Justicia anunció su intención de incluir a la Reina y a los Príncipes de Asturias entre los aforados, debido a «las funciones de Estado que realizan». No obstante, el Gobierno no estima conveniente extender esta prerrogativa a ningún otro miembro de la Familia Real.