Las víctimas de catástrofes climáticas redoblan la presión legal contra las petroleras

Esto significa, según el informe 'Big Oil in Court. Las grandes petroleras en los tribunales' elaborado por las organizaciones Oil Change International y Zero Carbon Analytics, que la cantidad de casos presentados contra estas compañías cada año casi se ha triplicado desde que se alcanzó el Acuerdo de París en 2015. En ese año, se presentaron cinco demandas al calor de la iniciativa. En 2023, esta cifra se había triplicado a 14 casos presentados en un solo año.

Los pleitos en activo son de distinta índole. Los más abundantes (39%) son iniciativas legales que reclaman indemnizaciones económicas por los daños que han causado a la salud medioambiental los combustibles fósiles que venden estas grandes corporaciones, «responsables del 69% de las emisiones de dióxido de carbono de origen humano, principal impulsor de la crisis climática».

Hasta el momento, ninguno de los casos ha llegado a juicio. Pero esto podría estar a punto de cambiar. En junio de 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos pidió al fiscal general su opinión sobre si un caso presentado por la capital hawaiana, Honolulu, que busca responsabilizar a varias compañías petroleras de los grandes incendios que devastaron la isla el año pasado.

Ahora mismo se dirime si es competencia de la jurisdicción estatal o local; es decir, si se podría juzgar en Hawai. «Si uno de estos casos concluye que la industria del petróleo y el gas es responsable, sentaría un precedente, con impactos particulares en el mercado de seguros de responsabilidad», advierte el informe.

Junto a este movimiento ciudadano, otro de los que más expectación genera es el reciente pleito abierto en Francia contra TotalEnergies por parte de tres oenegés y ocho víctimas de catástrofes climáticas en siete países diferentes.

En esta querella, la primera de naturaleza penal en este tema, los demandantes piden penas de prisión y multas por la influencia que la gran petrolera ha tenido en el calentamiento global y sus consecuencias, según el argumento de los querellantes. Los delitos que se atribuyen a los responsables de la empresa son cuatro: poner en peligro la vida de terceros, homicidio involuntario, abstenerse de luchar contra un siniestro y ataque a la biodiversidad. También está por verse en un próximo juicio.

Muy próximo a este sonado hito en Europa, el pasado mes de agosto, en EE UU también, un grupo de ciudadanos integrados activistas entregó una carta al departamento de Justicia del país en la que exigían que las empresas petroleras y de gas rindan cuentas por alimentar los desastres provocados por el clima. «Inundaciones, incendios, huracanes y el calor extremo que han destruido propiedades y se han cobrado vidas inocentes», enumeran en un documento que firmaron 10.000 personas.

De ellas, mil se autodenominan supervivientes de catástrofes provocadas por el clima. Su objetivo, sin llegar a los tribunales, es que el citado organismo del Gobierno norteamericano investigue a las grandes petroleras por, supuestamente, alimentar el peligroso cambio climático y, sobre todo, dirimir si han «engañado intencionadamente al público sobre su papel».

Otras demandas no se centran en establecer una responsabilidad directa en los daños. Un 16% reclaman que sean procesadas por «afirmaciones publicitarias engañosas sobre el clima y el medio ambiente» y, finalmente, un 12% son relativas a establecer requisitos para que las empresas reduzcan sus emisiones.

«La ola de demandas contra las grandes petroleras podría tener graves consecuencias para sus resultados, desincentivar la inversión en infraestructuras de combustibles fósiles, reducir el valor corporativo y cuestionar su licencia social para seguir dañando a comunidades de todo el mundo», valora David Tong, director de campañas de la industria en Oil Change International, promotores del citado estudio.

Sobre los casos de reclamaciones económicas por los datos causados, los más abundantes, el citado responsable de la organización cree que aumentan los riesgos financieros y de responsabilidad de las grandes petroleras. «Estas corporaciones y sus inversores se enfrentan a un problema cada vez más grave, ya que los científicos son cada vez más capaces de relacionar fenómenos meteorológicos extremos específicos con las emisiones de combustibles fósiles que los provocaron».

Y ponen cifra económica a sus planteamientos: «Se estima que ExxonMobil, Shell y BP son responsables de costes relacionados con el clima de al menos 1 billón de dólares cada una, un valor similar a sus ganancias durante las últimas tres décadas», señalan.

Más allá de estas firmas, ya en términos globales, el instituto Climate Analytics ha calculado, basándose en el costo social del carbono, que la proporción de daños climáticos atribuibles a las 25 mayores empresas de petróleo y gas por sus emisiones entre 1985 y 2018 asciende a 20 billones de dólares.

Los pleitos, normalmente, se llevan a cabo por parte de organizaciones o ciudadanos afectados asociados para llevarlos adelante. Pero hay excepciones en las que un solo ciudadano se enfrenta al proceso en los tribunales.

Es el caso de Saúl Luciano, un agricultor peruanoque demandó en 2015 a la eléctrica alemana RWE porque, afirmas, «las emisiones de gases de efecto invernadero de la empresa contribuyen al derretimiento de un glaciar cercano a su casa, lo que amenaza a 50.000 residentes del lugar con inundaciones». Cree que deben pagarle a él y a las autoridades locales el dinero que están gastando para defenderse de las inundaciones. El pleito va por una década de duración, ya que sigue abierto.

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Esta escalada de litigiosidad impulsada por la ciudadanía está en consonancia con el discurso de la propia ONU. Fue el presidente de la misma, Antonio Guterres, quien señaló hace un año la necesidad de gravar con más impuestos a estas compañías que hacen negocio con los combustibles fósiles para financiar la lucha climática. Así, llevan tiempo en el punto de mira sin que haya dado ningún paso relevante en este sentido.

Aunque la demanda no era directa contra las petroleras, sino contra el gobierno Suizo, el citado informe cita el triunfo de la asociación de mujeres mayores de 65 años 'KlimaSenniorinen' que lograron una sentencia histórica en la que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenara a Suiza por su falta de ambición y diligencia política a la hora de combatir este fenómeno y falló que las autoridades estaban obligadas a establecer, cumplir y hacer cumplir objetivos de reducción de emisiones suficientemente rigurosos.