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Claves de la tercera amnistía fiscal de la democracia

Día 26/11/2012 - 14.58h
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Cuenta atrás para acogerse a esta medida y declarar los bienes y dinero defraudados antes de que termine el plazo el próximo 30 de noviembre

La tercera amnistía fiscal de la democracia aprobada el pasado marzo por el Ejecutivo popular permitirá la regularización de rentas defraudadas a cambio del 10% del valor de adquisición de estos bienes. Con ello, Hacienda busca recaudar 2.500 millones de euros y atraer a España cuentas con residencia en el extranjero. Unos días antes de que finalice el plazo para acogerse a la amnistía, el 30 de noviembre, te explicamos las claves de su funcionamiento.

-Para acogerse a la Declaración Tributaria Especial (DTE), es necesario cumplimentar el modelo 750 de la Agencia Tributaria e ingresar en el banco el 10% del valor de los bienes o derechos adquiridos antes del 31 de diciembre de 2010.

- La amnistía fiscal sólo permite regularizar el IRPF, el impuesto de Sociedades y el impuesto sobre la Renta de no residentes (IRNR). El REAF (Registro de Economistas Asesores Fiscales) en su guía rápida de la declaración tributaria especial recomienda regularizar por la vía tradicional otros impuestos si están involucrados en las operaciones.

- No hay límite de dinero a regularizar. La DTE está pensada para aflorar el patrimonio, saldos en cuenta, acciones y viviendas ubicadas fuera de nuestro país, en paraísos fiscales, , según explica Juan José Mollinedo, de Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda.

- Dentro de la amnistía fiscal no se pueden regularizar bienes procedentes de fraudes y delitos que ya hayan prescrito. Los plazos para que caduquen la exigibilidad de sanciones terminan a los cuatro años para el fraude y diez para infracciones graves.

- La amnistía fiscal no presupone ningún tipo de consecuencia penal. No obstante, según puntulizan en la REAF existe obligación de informar por parte de los bancos, asesores o auditores cuando perciban que detrás del fraude hay un delito que no sea fiscal como los relacionados con el narcotráfico o la financiación del terrorismo.

- Quienes se acojan a este procedimiento no corren el riesgo de quedar fichados o marcados por Hacienda y ser objeto de una investigación mayor. Mollinedo aclara que el proceso de declaración de bienes defraudados se realiza de forma telemática por lo que los certificados no llegarán a las oficinas físicas y los inspectores no tendrán acceso a los datos. «Se otorga un plus de confidencialidad en este caso», asegura el técnico de Gestha.

-La legislación será mucho más dura contra los defraudadores una vez acabado el plazo para acogerse a la aministía fiscal. A partir de entonces, será obligatorio presentar una declaración de los bienes y derechos en el extranjero superiores a los 20.000 euros. En caso de omitir esta información, el contribuyente será sancionado con un importe mínimo de 10.000 euroso la liquidación del valor de adquisición del bien o derecho no declarado.

- La mayoría de asociaciones de asesores fiscales no están de acuerdo con la medida. El presidente de Asefiget, Juan José de los Mozos, considera que la medida «es injusta para los ciudadanos que pagan religiosamente». De los Mozos aboga, en cambio, por cambiar la mentalidad de los españoles y evitar el fraude. Para ello, en su opinión, habría que instaurar impuestos coherentes, garantizar la seguridad jurídica y la simplicidad y evitar los tributos encubiertos

- Desde Gestha también denuncian la falta de eficacia en la persecución de los grandes fraudes que existe en la Agencia Tributaria. «En Hacienda, el 80% de la plantilla está dedicada a investigar los pequeños fraudes y solo un 20% a las grandes fortunas y multinacionales. El año pasado, el 71% del fraude correspondía a las grandes fortunas y multinacionales», asegura Mollinedo.

-El principal problema reside en que investigar a las grandes empresas es complicado. Requiere años ya que las multinacionales cuentan con asesores muy especializados y suelen recurrir al Tribunal Supremo o al Tribunal Europeo. Gestha alega que mediante la inspección a los pequeños contribuyentes, Hacienda se asegura los objetivos anuales de lucha contra la economía sumergida.

-No obstante, desde REAF consideran positiva la medida. «Implica la dinamización de nuestra economía al aflorar bienes o derechos que, por su origen en rentas no declaradas, permanecía ocultos y, en cierta forma, improductivos en nuestro país», según se destaca en la guía sobre la amnistía fiscal.

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