Ruz procesa a siete militares chilenos por genocidio y asesinato de un español

Ruz justifica la competencia de los tribunales españoles en el principio de subsidariedad que se predica de la jurisdicción universal: España puede enjuiciar estos hechos si en el país de origen no ha existido una «investigación y persecución realmente efectiva» . El 23 de agosto de 1996 la Corte Suprema de Chile, en aplicación del decreto ley de 1978 (similar a la ley de punto final argentina) sobreseyó el procedimiento seguido ante los órganos jurisdiccionales chilenos, «impidiendo cualquier pronunciamiento de los tribunales sobre la responsabilidad e implicación de los investigados en los hechos». El juez ordena así la busca y captura internacional de los siete militares que participaron en el secuestro, torturas y asesinato de Soria para su posterior extradición.

Ruz relata cómo «dentro del proceso de represión sistemática y eliminación de opositores al régimen militar emprendido por la dictadura chilena (...), Carmelo Soria, de nacionalidad española, que trabajaba como personal diplomático para las Naciones Unidas en el CEPAL (Comisión Económica para América Latina) fue secuestrado por agentes de la DINA, instrumento para la represión política de la dictadura militar) mientras se dirigía a su casa», en Santiago de Chile, el 14 de junio de 1974. Soria fue trasladado a una vivienda que funcionaba como «centro clandestino de interrogatorios y torturas». Allí, Carmelo fue «torturado (maniatado y con la cara vendada) durante varias horas , sufriendo fracturas en las costillas a mabos lados de la caja torácica, a fin de que les dijera si tenía relación con el Partido Comunista de Chile y cuál era su misión en aquel país.

Ya con la idea de causar su fallecimiento y hacer pasar su muerte como un accidente de tráfico, le inyectaron o hicieron ingerir el contenido de media botella de pisco (aguardiente de uva)». Después, le estrangularon y para encubrir los hechos trasladaron su vehículo hasta un canal, lo pusieron en marcha e hicieron que se precipitara al vacío. Y para completar su maquiavélico plan, introdujeron una nota en el bolsillo de su chaqueta en la que un supuesto amigo de Soria le contaba presuntas infidelidades de su mujer (...). Con lo que no contaban era con que la nota sobrevivió al agua y su análisis reveló que fue escrita en la misma vivienda en la que Soria fue torturado.

Ruz justifica el procesamiento en que los hechos narrados son cosntitutivos de los delitos de genocidio, detención ilegal y asesinato. Prueba de ello son las declaraciones de exempleados de la DINA, inspecciones oculares llevadas a cabo en el lugar de los hechos por el Tribunal competente de Chile y las declaraciones efectuadas por la viuda, testigos presenciales y policías que llevaron a cabo esta investigación.