Spanair, la gran quiebra del modelo de gestión nacionalista catalán

La compañía aún volaría trece meses más, pero sin músculo financiero e incapaz de atraer a socios industriales, el peso del sector público en el capital de la compañía fue cada vez mayor. Spanair volaba al límite, arrastrando una estela de deudas —a la Seguridad Social, a Aena, a los proveedores...—, que ya en ese momento hablaba tanto de la inviabilidad estructural de la compañía como de una administración que, sobre todo en la última época, fue calamitosa.

Los números que se han conocido al abrirse el proceso concursal sólo han hecho que confirmar, por elevación, que la aventura de Spanair, propiamente una empresa más de la Generalitat, fue un colosal desastre. El agujero contable es de 533 millones .

El último episodio de la quiebra de Spanair, y que explica con precisión el vuelo trompicado de la compañía que presidió Ferran Soriano se ha conocido esta semana. El Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona ha citado a declarar como imputados a diez miembros del antiguo consejo de administración por un presunto delito de apropiación tras la denuncia de un grupo de pilotos, que acusan a la compañía de quedarse un seguro profesional que sufragaban en un 70% Spanair y en un 30% los denunciantes. Según su versión, la compañía dejó de pagar su parte en julio de 2011, pero sin dejar de retener la parte de los pilotos. La cantidad suma unos 260.000 euros.

La lista de los citados a declarar es la mejor guía para entender qué era Spanair, una empresa de apariencia privada pero alimentada con el combustible del dinero público. Si no hay acuerdo entre las partes antes, el 30 de octubre desfilarán ante el juez el propio Soriano (ahora director ejecutivo del Manchester City ); el director g

eneral del RACC, Josep Mateu Negre; el hotelero y presidente de Turismo de Barcelona, Joan Gaspart; el director general de Fira de Barcelona, Agustín Cordón; el consejero delegado del grupo Serhs, Jordi Bagó, y el representante de Catalana d’Iniciatives, Manuel Albanell. También están citados los dos directivos de SAS en el consejo de Spanair, Benny Zakrisson y Michael Balint; el presidente de Moventia, Miquel Martí, y Tatxo Benet, directivo de Mediapro.

Fuentes judiciales consultadas por ABC aseguran que es muy probable que el caso quede archivado, ya que, como aseguran los imputados, la cantidad que se siguió reteniendo a los pilotos se destinó a otras partidas y que al final acabaron por abonar, de su propio bolsillo, las cantidades que faltaban a las aseguradoras.

Sea como fuere, lo cierto es que el caso revela el desbarajuste administrativo con que los gestores de Spanair, a la desesperada, pilotaron la compañía hasta su último vuelo: el agujero que ha quedado de todo ello no es menor.

La aventura aeronáutica de la Generalitat catalana acabó de la peor manera posible, un aterrizaje catastrófico que ahora tiene continuidad en los juzgados.

Pasados más de ocho meses del último vuelo, la historia parece repetirse. Si la Generalitat esperaba la adhesión entusiasta del empresariado al proyecto de Spanair, ésta no se produjo; otro tanto ha sucedido ahora con la escalada soberanista impulsada por el gobierno catalán, que lo más que ha logrado ha sido el silencio de los empresarios , cuando no directamente muestras de grave preocupación y advertencias de deslocalización. Son las lecciones de Spanair.