La nueva Ley de Costas ampliará las concesiones a 75 años y permitirá su compraventa

El principal objetivo de la norma cuando se aprobó hace 24 años era la protección de los cerca de 8.000 kilómetros de litorial español, con la fijacion de la llamada servidumbre de protección, «una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límiite interior de la ribera del mar», aunque ampliable en otros cien según las circunstancias.

La ley ha sido fuente de numerosos conflictos. En torno a medio millón de personas cuentan con una de estas concesiones dentro del dominio público y viven en una situación de inseguridad que la reforma trata de paliar. Precisamente, el Gobierno pretende ahora «aclarar la situación del llamado deslinde administrativo por el que muchos propietarios han perdido sus casas por el cambio de nuestras costas» , según ha explicado tras el Consejo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

En su exposición de motivos, el anteproyecto de reforma afirma que, en relación con el régimen concesional, la ley introduce «importantes cambios», basado en dos ejes: la seguridad jurídica y la protección del medio ambiente. Así, en el régimen general se modifica el plazo máximo de duración de las concesiones que pasa a ser de 75 años, y se permite la transmisión mortis causa e intervivos de las concesiones.

En el primer caso, y según el texto, se amplía el plazo de notificación que deben hacer los causahabientes para poder subrogarse en la concesión de uno a cuatro años.

La reforma se marca el objetivo de la protección del litoral y la «tolerancia cero» con las agresiones en la costa. En este sentido, ha indicado Sáenz de Santamaría, se incluye una cláusula «antialgarrobicos» -en referencia al hotel que se ha convertido en icono de agresión a la costa-, según la cual se podrá intervenir para parar aquellas obras en pleno dominio público en las playas o zonas de servidumbre que sean contrarias a la legislación medioambiental.

Se solventa, asimismo, el problema de los chiringuitos , las concesiones temporales en las zonas de la playa que estaban en terreno de inseguirdad jurídica, siempre y cuando se cumplan las concidiones de protección medioambiental.

Además, el anteproyecto busca dar respuesta a la demanda social de muchos municipios al regularizar distintas «barriadas históricas» para excluirlas del dominio público marítimo-terrestre y ofrecer un marco jurídico claro y estable. Es el caso de Pedregalejo y de El Palo (Málaga) , donde sus ciudadanos sufren una situación de indefensión jurídica desde hace décadas en su residencia habitual ubicada en alguna de estas zonas.

La modificación de la ley por el Gobierno se topa de entrada con una importante resistencia, especialmente de colectivos ecologistas . Varios de ellos se han agrupado en torno a una plataforma en contra de la reforma, que sostiene, entre otras ideas, que la Ley de Costas debe ser un seguro contra la especulación y contra la corrupción en el litoral, que la actual norma salvaguarda el buen estado de la costa y su valor económico, al tiempo que permite la instalación en las playas de establecimientos, como restaurantes y terrazas, «siempre que cumplan la legislación».