Los fundadores de Intervida exigen al juez recuperar la ONG

Ahora se han cumplido cinco años de esa decisión, el plazo máximo que contempla la ley para las medidas cautelares, por lo que Castellón y Puertas han pedido al Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional que los restituya en sus puestos al frente de la organización , máxime cuando ni siquiera han llegado a juzgarlos. Pero el panorama judicial que rodea a Intervida es un nudo gordiano.

El juez sobreseyó con el criterio favorable del fiscal, pero la Generalitat recurrió esta decisión a la Sala, que aún no se ha pronunciado . Además, el juez Ruz pidió que el caso, una vez sobreseído, regresara al Juzgado de Instrucción número 17 Barcelona, donde se produjo la intervención judicial, para que sea este quien termine de resolverlo y, si procede, levante las medidas cautelares.

El caso llegó a la Audiencia Nacional porque la jueza Pilar Calvo se inhibió tras decretar la intevrención judicial. El sumario recayó en el juzgado de Baltasar Garzón (Ruz lo sustituyó cuando fue expulsado de la carrera judicial). Ni la fiscal de Barcelona Carmen Martín ni el juez Garzón visitaron los proyectos de Intervida , según han denunciado reiteradamente los extrabajadores de Perú, Bolivia y Guatemala.

El plazo de cinco años ha expirado con la causa sin terminar de resolverse, pero sí hay algo claro: cuando Intervida fue intervenida (julio de 2007) tenía 356.000 padrinos que aportaban unos 92 millones de euros anuales (era la ONG más grande de España, al margen de Cruz Roja y Cáritas); ahora es un tercio de lo que fue , 110.000 padrinos y 30 millones en ingresos. Cuando el caso saltó a los medios de comunicación los padrinos se dieron de baja de forma masiva. La base social era tan amplia que, pese a haber perdido dos tercios de sus padrinos, Intervida continúa siendo hoy una de las principales ONG de España.

Por el momento, la ONG sigue gobernada por los administradores de corte político que propuso la entonces consejera de Justicia de la Generalitat, la socialista Montserrat Tura: Ángel Miret (de UGT), Maurici Romero (de la Intervención General de la Generalitat) y Alex Masllorens (exdiputado del PSC), que sustituyó a Didac Ramírez (actual rector de la Universidad de Barcelona). Fueron nombrados el 13 de julio de 2007, dos días después del cese de Castellón y Puertas.

Su primera medida fue dejar de financiar los proyectos de Perú, Bolivia y Guatemala (el 80 por ciento de la ONG) tras no llegar a un acuerdo con las sucursales de Intervida en esos países, que no estaban intervenidas. Pero se les siguió cobrando las cuotas a los padrinos: cien millones de euros que están en una cuenta bancaria.

- ¿La ley les ampara para recuperar de forma inmediata sus puestos en Intervida?

- La Audiencia Nacional ha reconocido mi inocencia y la de los demás imputados. Queda pendiente que el juzgado de Barcelona levante las medidas cautelares de la intervención judicial de las fundaciones del grupo Intervida. Sin embargo, a partir de este viernes 13 de julio, nuestros cargos vuelven a entrar en vigor, cuando se cumplen cinco años de la imposición de las medidas cautelares. Es por ello que los actuales administradores se han dirigido al Juzgado alertando de que sus decisiones podrían incurrir en ilegalidad a partir de esa fecha. Los fundadores entendemos que la ley es clara en este aspecto, y una vez cumplidos los cinco años, nuestros cargos vuelven a estar vigentes, pudiendo reanudar nuestro trabajo en favor de los niños y las comunidades a las que veníamos atendiendo.

- Si finalmente Eduardo Castellón y usted recuperan la dirección del Patronato de Intervida, ¿qué cree que van a encontrar?

- La gestión de Intervida durante estos años ha estado inspirada en el modelo de Intermón - Oxfam, al apostar por la cooperación con contrapartes locales en lugar del sistema de intervención directa en los países del Sur, así como a un enorme incremento de los gastos por el cambio en los modelos de captación de fondos y gestión de los mismos.

- ¿Qué tipo de ONG era Intervida?

Era la ONG privada más grande de España, apolítica y aconfesional. Se financiaba con las cuotas de sus 350.000 padrinos (90 millones de euros al año). Ayudaba a cinco millones de personas. Creaba estructuras propias allí donde trabajaba, en lugar de subcontratarlas.

- ¿De qué se acusó a sus gestores?

Según la fiscalía del TSJC, Eduardo Castellón y Rafael Puertas malversaron 200 millones. Siempre se reconoció que el dinero estaba, pero no en su destino —proyectos humanitarios—, sino en empresas financieras, constructoras, farmacéuticas y «colegios de élite».

- ¿Quién sostuvo la acusación?

Puso la denuncia Sebastián Juan, exdirectivo de Intervida Perú despedido y condenado por robar 300.000 dólares. La fiscal, la jueza de Barcelona y Garzón mantuvieron el caso, aunque ninguno visitó los proyectos.

- ¿Qué ha probado el juez Ruz?

Que no hubo malversación: las constructoras hacían viviendas sociales, las financieras daban microcréditos y las farmacéuticas repartían medicinas.

- ¿Qué va a pasar con Intervida?

De momento sigue intervenida judicialmente, pese a que se ha cumplido el máximo de cinco años que marca el Código Penal para mantener las medidas cautelares. Por otro lado, miles de niños no reciben ayuda desde 2007, aunque los administradores judiciales de la ONG recaudaron las cuotas. Cientos de padriños se han sentido estafados y han creado una asocición para defender sus derechos: http://www.padrinosintervida.com/

*Javier Chicote es, junto a Francisco Marco, autor del libro «Objetivo Intervida. El complot contra la ONG», que en 2007 denunció la operación que tumbó a la Fundación Intervida. Los autores defendieron que no había desvío de dinero, lo que ahora ha acreditado la Audiencia Nacional.