Políticos reacios a dimitir

En los dos últimos meses, esta «tendencia a la baja» de las dimisiones de políticos españoles ha empezado a resquebrajarse . El Valedor do Pobo —defensor del pueblo gallego— Benigno López dimitía , a mediados de mayo, a dos meses de agotar su mandato al frente de la institución. Unas declaraciones desafortunadas sobre la Ley de Dependencia le pasaron factura. López aseguró que la ley había «nacido muerta», pues no había financiación para hacerla cumplir. La oposición pidió su dimisión y la Mesa del Parlamento gallego admitió a debate su proposición de cese.

Mención aparte merece el caso de Extremadura , donde tres altos cargos cayeron en dos días por vulnerar la ley regional de incompatibilidades. Abrió la veda el ya exconsejero de Salud y Política Social, Francisco Javier Fernández Perianes , quien mantenía una consulta privada de Oftalmología en la localidad portuguesa de Elvas. La misma suerte corrió el delegado del Gobierno, Alejandro Ramírez del Molino , quien era titular de una farmacia. Por último, la directora general de infraestructuras y transporte de la Junta de Extremadura, Marta García García , por ser su marido accionista de una de las empresas contratadas por la administración extremeña.

En el ámbito local, el exalcalde de Casares (Málaga), Juan Sánchez , dejó el cargo tras ser acusado de colaborar con la mafia rusa para blanquear dinero con operaciones inmobiliarias.

El último Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que se hizo público este miércoles situaba la preocupación por la clase política y los partidos políticos como el tercer problema más importante en España. Un 36,5 por ciento de los españoles cree que la situación política es mala , frente a un 28,3 por ciento que cree que es muy mala y un 24,9 por ciento que la considera regular. Además, ocho de cada diez españoles encuestados cree que es peor o igual que hace un año.

Tal y como apunta a Efe el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos, Antonio Sempere , «las causas de la dimisión de un político no están reguladas por ley , pertenecen a la conciencia política de cada momento». Así, la única garantía de que el político responderá a quienes exigen su renuncia es su «buena voluntad».

«Voluntariamente ofrezco mi sacrificio para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno». Estas fueron las palabras del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps , tras dimitir el pasado julio por su implicación en la trama Gürtel. Mariano Rajoy calificaba su decisión de «ejemplaridad y responsabilidad políticas».

Todo un movimiento social, ligado al 15M y a los indignados, cobró fuerza en España antes de las elecciones del 20N. La premisa era «ningún imputado en las listas» . Sin embargo, no sólo había imputados en listas electorales, sino que los hay desempeñando cargos públicos y militando en los principales partidos políticos.

Las escasas dimisiones en España ligadas a imputaciones, procesos judiciales e incluso condenas de cargos públicos tienen que ver con un sistema de listas cerradas elaboradas por los partidos que protegen a los políticos de exponerse tan directamente al juicio de sus votantes. Es ante el partido donde hay que rendir cuentas .

El PP considera que la dimisión es, como en el caso de Camps, una «decisión personal» del imputado , y mantiene su inocencia hasta el final del proceso. Como sostiene Mañueco, la conveniencia o no de que un imputado abandone las filas populares depende de «cada circunstancia y cada momento».

En este sentido, el profesor de Psicología del Trabajo de la Universidad Carlos III Luis Aramburu-Zabala asegura a Efe que una dimisión puede tener un impacto negativo para el partido —que en el caso español es como «una gran familia»— puesto que estaría renunciando «uno de los suyos». «Si cae uno de los nuestros, caemos todos» . Es por ello que el compromiso ético se ve a veces mermado por el compromiso con el partido y las directrices que éste impone.

La experta en periodismo político Magis Iglesias asegura que «los cargos públicos deben asumir que su "culpa" política no depende exclusivamente de una condena judicial». «El político tiene una responsabilidad moral y democrática que le obliga a dimitir si —por error u omisión— ha defraudado a los ciudadanos» apunta la que fuera presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). «La única fórmula que existe en democracia para asumir responsabilidades politicas ante hechos de gravedad es la dimisión , lo cual no implica en modo alguno la asunción de una culpa jurídica».

Hasta los años setenta, concejales y alcaldes no tenían dedicación total en sus cargos al frente del Ayuntamiento. Cobraban dietas , en lugar de un sueldo, por el ejercicio de sus responsabilidades consistoriales y, al margen de éstas, desempeñaban otras profesiones por las que sí percibían un salario.

Sin embargo, como apunta Aramburu-Zabala, hoy «ser político en España es una profesión» y dimitir conlleva quedarse en el paro, y es uno de los principales reparos.

A menos que la dimisión —como en el caso de los altos cargos extremeños— haya venido derivada por incompatibilidad con otras funciones, a las cuales uno puede dedicarse una vez retirado de la vida política.

Magis Iglesias es tajante al respecto: «Defraudar la confianza de los ciudadanos aferrándose al sillón o ignorando la gravedad de los hechos es u n daño que se hace a toda la clase política , que pierde así prestigio y el respeto de la ciudadanía».