Aragón elimina la mitad de los sueldos de su oficina de Bruselas

Esta era la estructura que fijó el anterior Gobierno aragonés presidido por el socialista Marcelino Iglesias. Hace unos meses, tras llegar al Ejecutivo autónomo, la popular Luisa Fernanda Rudi decidió que se revisara en profundidad el organigrama de la delegación de Bruselas, el sistema de trabajo y los costes. El resultado ha sido la drástica reducción de la plantilla. El coste salarial del puesto de director de esa oficina era de 93.464 euros al año; el del subdirector, 77.529; y el de cada una de las tres plazas de asesores, 61.975 euros al año.

Con el nuevo modelo organizativo que se ha implantado, la oficina pasa a ser liderada por la directora de Acción Exterior del Gobierno aragonés, y en la delegación de Bruselas la plantilla quedará compuesta por tres plazas: dos de asesores y una de colaborador. El gasto salarial que pasa a tener es de 178.758 euros, frente a los 411.726 euros que costaba hasta ahora. Es decir, se reduce a menos de la mitad.

«Eficacia» con menos gasto

La directora general de Acción Exterior del Gobierno aragonés afirma que este recorte de plantilla no supone una merma de la capacidad operativa de la delegación institucional en Bruselas, sino un cambio de modelo «que lo que persigue precisamente es ganar en eficacia». «A la presencia física en Bruselas se le añade el personal que tiene la Dirección General de Acción Exterior, que se implica directamente en este nuevo proyecto y lo dota de una red de recursos humanos amplia con la que se ganará en eficacia y, al mismo tiempo, se permite ahorrar en gastos de estructura», explica Blanca Soláns.

Por otra parte, el Gobierno aragonés está a la espera de que el Ministerio de Asuntos Exteriores detalle la oferta que lanzó semanas atrás para que las comunidades autónomas puedan disponer de la infraestructura con que el Estado cuenta en Bruselas, de forma que se puedan compartir sedes e incluso personal, en vez de que cada Ejecutivo autónomo costee una oficina por separado, como ocurre hasta ahora. Según Soláns, están a la espera de que el Ministerio detalle cómo articularía en concreto el modelo propuesto y, a partir de ahí, decidir si se prescinde de la oficina que tiene alquilada Aragón en Bruselas.

De momento, los servicios jurídicos del Gobierno regional están estudiando el contrato de alquiler que tiene en vigor y cuánto costaría rescindirlo. Y es que dicho contrato, que dejó el anterior Ejecutivo de Iglesias, se concertó por muchos años, hasta 2017. Rescindirlo por anticipado puede conllevar un elevado coste, y eso es lo que están valorando ahora los servicios jurídicos. Hay que tener en cuenta, según ha indicado Soláns, que «la legislación belga relativa a contratos de arrendamiento contempla duras condiciones al respecto».

Actualmente, el Gobierno aragonés paga 60.776 euros al año —a razón de unos 5.000 al mes— por la oficina que su delegación de Bruselas ocupa en régimen de alquiler.

En cualquier caso, el Gobierno aragonés ve «muy positiva» la propuesta de Asuntos Exteriores para poner sus locales y personal al servicio de las comunidades autónomas, para abaratar su presencia en Bruselas y coordinar la acción entre las delegaciones regionales y la del Estado.