Aralar y ERC arropan a Otegi a las puertas de la Audiencia Nacional

"En este contexto de ausencia de violencia exigimos la absolución de estas personas que han contribuido a la normalización" del País Vasco, ha dicho Tardá, que ha añadido que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación y que "no se pueden poner puertas al campo de las libertades democráticas".

En el mismo sentido se ha pronunciado el vicecoordinador de Aralar , Jon Abril, que ha justificado su presencia en el tribunal diciendo que "es importante" mostrar apoyo a los procesados y solicitar su libre absolución. Mientras tanto, el miembro de la izquierda abertzale Aitor Bezares ha asegurado que el que comienza hoy es un "juicio de carácter político" que lo que realmente pretende juzgar "es el proceso abierto en Euskal Herria", que ha calificado de "irreversible".

Bezares ha agregado que el Estado ya intentó "entorpecer" ese proceso con la detención de los procesados en 2009, que fracasó en aquel momento y que "va a fracasar también ahora". Bezares ha pedido la absolución de los acusados y que, ante la "etapa de oportunidades" que se abre en el País Vasco, el Estado "actúe con responsabilidad en lugar de poner palos en las rueda con juicios como el de hoy o persecuciones como la que sufre la militante abertzale Aurore Martin", de nacionalidad francesa y contra la que pesa una orden de detención de la Audiencia Nacional.

También asiste a la vista el presidente de la asociación Voces contra el Terrorismo Verde Esperanza, Francisco José Alcaraz , que ha confiado en que se haga justicia en la Audiencia Nacional y en que la política "no contamine o, de alguna manera, redirija la situación de una sentencia" que, a su juicio, tiene que ser condenatoria para quienes "llevaban el brazo político de ETA". Voces contra el Terrorismo, personada como acusación popular en la causa, solicita penas de hasta 14 años para los procesados.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que sigue el juicio a Arnaldo Otegi, ha aceptado, a petición de las defensas de los acusado qu e declaren como testigos cinco dirigentes de Eusko Alkartasuna (EA) y Bildu para informar de la creación de "un polo soberanista" que concurrió a las pasadas elecciones municipales. El tribunal, presidido por la juez Ángela Murillo, ha rechazado por "improcedente" la inclusión en el plenario de una declaración jurada que habían realizado el secretario general de EA, Peio Urizar, y los dirigentes de la formación Unai Ziarreta, Elisa Sáiz de Murrieta, Rafael Larreina, Miren Ikerne Badiola y Luis Mariano Álava, aunque a cambio ha admitido que todos estos menos el último --cuya petición no se realizó en plazo-- comparezcan como testigos. Los magistrados han adoptado esta medida con el criterio en contra del fiscal Vicente González Mota , que ha defendido que ésta y el resto de pruebas planteadas como cuestiones previas por los abogados Jone Goirizelaia e Íñigo Iruin son "pruebas rechazadas" y resultan "ajenas a los muros de este procedimiento". "Esas pruebas alejan, enturbian y distraen la atención del procedimiento, aquí no se juzga a Sortu ni a EA. Ese debate sobre lo que se ha dicho fuera del proceso sobre los que no son parte del proceso es una prueba absolutamente irrelevante por no estar sujeta al procedimiento", ha defendido González Mota .