Ingenieros en pie de guerra

La polémica iniciativa, que todavía está en sus inicios, ha levantado ya ampollas entre el colectivo afectado, que advierte de una estocada mortal si prospera. Son «propuestas demagógicas que entrañan serios riesgos no sólo para el prestigio de las profesiones técnicas, también para la calidad de vida y el futuro de los españoles», advierte a Empresa el presidente de la Real Academia de Ingeniería, Aníbal Figueiras.

Decidido a agotar los cuatro años de mandato y probablemente convencido de que las elecciones están perdidas a no ser que se produzca un milagro económico —lo que parece poco menos que imposible— Zapatero parece decidido a inmolarse y seguir adelante con las reformas, con o sin consenso, incluso en vísperas de comicios electorales. Aún a sabiendas que su proyecto también en este caso encontrará fuerte resistencia, el presidente vuelve a encender la mecha y ha optado por poner patas arriba el sector de los servicios profesionales , muy especialmente los ingenieros. Y todo indica que lo hará con o sin consenso porque, según Zapatero, «hay algo peor que la ausencia de consensos amplios para aplicar las reformas, y es la ausencia de reformas».

Liberalizar el sector de los servicios profesionales es ahora la cuestión... prometida a Bruselas en un pack en el que también se incluye liberalizar los horarios comerciales, otro polvorín. De llevarse a efecto, la reforma pondrá fín a un largo proceso que se inició hace cuatro años con la aparición de la Directiva de Servicios. Es una ley anunciada por la que el Gobierno quiere no solo eliminar la colegiación de un 80% de profesiones que cuentan con obligatoriedad de inscripción, también suprimir las denominadas reservas de actividad, con muy especial incidencia en las ingenierías.

La idea es reducir las barreras de entrada a determinadas actividades profesionales y las obligaciones de colegiación en múltiples disciplinas.

¿Y por qué? El Ejecutivo está convencido de que la regulación actual «genera distorsiones», lastra la competitividad y no está en sintonía con la legislación europea. Solo dos sectores se librarán de la corriente liberalizadora, el sanitario y jurídico, para cuyos profesionales se mantendrá la colegiación obligatoria.

La reforma que ha perfilado Economía va encaminada a «reducir significativamente» las profesiones que tienen reservas de actividad, es decir, que solo quien posee una determinada cualificación puede prestar determinados servicios. Y la reducción propuesta es drástica, ronda el 50%: de las 197 reservas de actividad identificadas sólo quedarían un centenar.

Las mismas excepciones en este caso. En las profesiones sanitarias se mantendría la actual disposición en cuanto a reservas, «sin perjuicio de algunos ajustes concretos», según el borrador del Gobierno. También se abre la puerta en las profesiones jurídicas, pero en este sector no se sabe a ciencia cierta qué planes tiene Economía. La abogacía defiende que la labor que realizan los letrados exige una formación específica.

Pero el grueso de los cambios, sin duda alguna, afecta a las ingenierías. Economía cree que la existencia en España de 17 ramas de ingeniería con reservas de actividad (minas, industriales, etc.) «es una anomalía en el contexto europeo». Y es por ello por lo que plantean que cualquier ingeniero «tendrá reconocidas facultades para realizar cuantas funciones le atribuya la normativa vigente de cualquier rama» de esta profesión.

Piensa el Ministerio de Economía que los ingenieros tienen problemas de movilidad en el mercado europeo, que la falta de flexibilidad del modelo actual de las ingenierías «segmenta artificialmente el mercado y frena la capacidad de atender las necesidades de la economía». Además de generar conflictividad, restar competitividad y de «agravar el problema de la falta de titulados de ingeniería».

¿Qué pasa con la formación?

En el otro lado de la moneda están los ingenieros, alarmados por una reforma que afecta a 400.000 titulados.Edelmiro Rua, presidente de la Unión Profesional de Colegios de Ingeniería y del Colegio de Ingenieros de Caminos, advierte de que el contenido del borrador del Gobierno «puede provocar el desprestigio de la ingeniería española». Argumenta que «no sólo se plantea una solución que sería única en el mundo, un solo título y nivel en la ingeniería, también critica que se asegure que ‘comparten un núcleo común de conocimientos suficiente para habilitarles para realizar todas las funciones’». y aclara: «Es bien sabido que las carreras de ingeniería tienen unas asignaturas básicas que si bien son parte de la formación general necesaria no dan ninguna formación específica de las distintas titulaciones».

«Es importante que la sociedad conozca los riesgos que implicarían tales propuestas porque afectarán al conjunto de la ciudadanía y a medio y largo plazo tendrían consecuencias irreversibles para el crecimiento tecnológico del país», explica Aníbal Figueiras.

Manuel Acero, presidente del Insituto de la Ingeniería de España, manifiesta que «analizando diversas titulaciones de grados en ingeniería se comprueba que el tan citado núcleo común es, en el mejor de los casos, del 17%, es decir, multitud de titulaciones no tienen conocimientos compartidos, lo que hace impensable e imposible ejercer las competencias de una desde otra que, prácticamente, no las tiene».

Los afectados coinciden en que los riesgos de que prospere el anteproyecto del Gobierno son claros. El primero, un sustancial incremento de riesgos sociales, al no existir correspondencia entre actuaciones profesionales y capacitación. El segundo, degradación de la calidad del abanico profesional y tercero, un «severo deterioro del prestigio de la ingeniería» lo que, creen, «dificultará la movilidad internacional y restará atractivo a las carreras para estudiantes españoles y extranjeros, imposibilitando la apertura de mercados para los nuevos profesionales».

El pasado 7 de febrero, Edelmiro Rúa, Manuel Acero y Aníbal Figueiras enviaron una carta al presidente del Gobierno en la que trasladaron «nuestro rechazo a los planteamientos que en ella aparecen y nuestra extrema preocupación por las muy graves consecuencias que una eventual aplicación de esas propuestas tendría para nuestra sociedad en materia de seguridad, control y calidad de las obras, instalaciones y servicios de ingeniería y para nuestro país en cuando a competitividad, reconocimiento y prestigio».

Zapatero no responde

Al no encontrar respuesta, el pasado 18 de marzo, los responsables de las tres instituciones volvieron a dirigirse de nuevo por carta a Rodríguez Zapatero para, en esta ocasión, solicitarle una entrevista para analizar el texto del Ejecutivo y «evitar consecuencias negativas tanto para la actividad de los ingenieros en nuestro país como para la presencia internacional de nuestros técnicos». Moncloa se ha dado por enterada y emplaza a los interesados a «recibir respuesta por correo».