El interventor de la Junta trasladó a Griñán el informe de las irregularidades en los ERE

Ese informe, que ayer hizo público el PP, lo emitió en otoño de 2006 el interventor general de Hacienda, Manuel Gómez, y en él se señalaban irregularidades y se mostraban objeciones a cómo había gestionando la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) en 2004 el fondo de ayuda a empresas en crisis de la Consejería de Empleo, cuyo uso fraudulento en ERE tramitados por el Gobierno andaluz investiga la Justicia.

El interventor remitió ese informe a la viceconsejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, en el que, además, se reclamaba el «traslado» y «conocimiento» de su contenido al entonces consejero Griñán.

En opinión del PP, el documento acredita que el hoy presidente de la Junta «conocía los informes de la intervención» y, al no cambiar el procedimiento, «permitió y autorizó que un procedimiento al margen de la ley siguiera campando por sus respetos». Este extremo lo negó el propio presidente: «La intervención no elevó ningún informe de actuación al consejero», dijo tajante.

En la comunicación, aportada por el PP y fechada el 29 de septiembre de 2006, el interventor general de Hacienda remitía a la viceconsejera el «informe definitivo de cumplimiento correspondiente al ejercicio 2004» realizado a la agencia Idea sobre el «régimen presupuestario, financiero, de control y contable» de las empresas de la Junta. En él, la Intervención mandataba a la entonces viceconsejera y actual titular de Hacienda su «traslado» al consejero de Economía, entonces Griñán. Por esta razón, el actual presidente de la Junta debía conocer el informe.

Pero a pesar de este mandato, Martínez Aguayo mantiene, para exculpar al presidente, que no le comunicó el contenido del informe ni de los elaborados los dos años siguientes, pese a la gravedad de las denuncias del interventor ni de la elevada suma de dinero, 200 millones de euros y un desfase presupuestario de 38 millones, a los que hacía referencia.

La consejera, que ya expuso estos razonamientos hace una semana, insistió ayer, a preguntas del PP, en este argumento, asegurando que no trasladó el informe a Griñán «porque no procedía». Tal como dijo entonces y fuentes de la Junta repitieron ayer, solo tenía obligación de trasladar esa comunicación si la intervención emitía un informe de actuación, medida que se activa cuando se advierte menoscabo de fondos públicos.

La Junta, sin embargo, no ha emitido en treinta años un informe de actuación. A ello hay que sumar que lo dicho por la consejera no se corresponde exactamente con lo que afirma la Ley General de Hacienda Pública. En concreto, el decreto 9/1999 establece que la Intervención emite los informes definitivos a las empresas, en este caso Idea, y al titular de la Consejería, por lo que Griñán debió conocer entonces el informe.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, de hecho, lo cree así, por lo que acusó a Griñán conocer un informe que acreditaba que «la dirección general de Empleo, la Consejería de Empleo e Idea estaban tramitando subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido». Por todo ello, entiende que este informe ha «demostrado» que Griñán «ha ocultado deliberadamente» ante el Parlamento que «él conocía los informes de la intervención», por lo que no le queda otro camino que la «dimisión».

De esta forma se refería Sanz a las afirmaciones del presidente en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz, en la que, a preguntas directas del líder del PP-A, Javier Arenas, negó conocer dicho documento. «La intervención no elevó ningún informe al consejero», aseguró. Además, para contrarrestar las afirmaciones del dirigente del PP, le leyó varios informes del Tribunal de Cuentas de 1998, cuando era aquel ministro de Trabajo, en los que se cuestionaba el procedimiento de contratación de ese departamento.

Arenas acusó en el pleno a Griñán de haber «mentido», ya que hizo «caso omiso» al informe de la Intervención, «que conoció porque le fue enviado a la viceconsejera para que se lo entregara». Además, le advirtió —pensando a buen seguro en el documento que el PP repartió después— que si se demuestra que la Consejería lo recibió para «hacérselo llegar a usted solo le quedan dos salidas: o presentar la dimisión de inmediato por haber mentido o cesar a la consejera».

Por ello, le acusó de incumplir la Ley de Hacienda Pública y la de Subvenciones, así como de no poner en marcha controles de los fondos públicos, y de «haber permitido y autorizado un modelo de gasto al margen de cualquier procedimiento administrativo, algo que se lo dijo la intervención en informes que conoció y que tuvo que comentar» con el entonces presidente andaluz y actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves.