Martinsa-Fadesa empieza a reconstruir su futuro

Diez días después a partir de este martes el juez dictará el auto relativo al levantamiento del concurso.

Además, según ha podido saber este periódico, las filiales del grupo, que acumulan una deuda superior a los 470 millones de euros, también saldrán del concurso de acreedores, puesto que existe otro acuerdo con las entidades financieras poseedoras de más del 60% de sus créditos.

A su entrada en concurso, la deuda con las entidades financieras se elevaba a 5.631 millones de euros, y el 31 de octubre pasado se situaba en 5.202 millones, con una reducción de 429 millones. Durante ese periodo los ingresos de Martinsa han sido de 1.534 millones de euros , ha entregado 5.755 viviendas y ha realizado 142 avances de planeamiento urbanístico, equivalente a 19,3 millones de metros cuadrados edificables correspondientes a 109.900 viviendas.

Así pues, cuando España sigue sumida en plena crisis económica, y el sector del ladrillo permanece hundido en un pozo del que no encuentra un camino de salida, Martinsa-Fadesa empieza a asomar la cabeza tras llegar a un acuerdo con sus principales entidades financieras acreedoras.

La inmensa mayoría del resto de las inmobiliarias continúan en suspensión de pagos o han tenido que ceder buena parte de la gestión, sino toda, a la banca para abandonar el pozo de los impagos. El consejo de administración de Martinsa-Fadesa mantendrá la gestión de la compañía con la única supervisión de una Comisión de Control y Seguimiento —formada por sus principales acreedores— cuya tarea consistirá en vigilar el estricto cumplimiento de los pagos establecidos en el convenio firmado con ellos.

La acción positiva que tuvo esta suspensión de pagos, dentro de todo lo malo que supone cualquier situación similar, es que los gestores de Martinsa supieron reconocer desde principios de 2008 que su calendario de pagos de deuda iba a ser insostenible tal y como evolucionaba el mercado de la vivienda en nuestro país. Eso a pesar de que el Gobierno se negaba a reconocer una y otra vez que España había entrado en una crisis profunda de la que íbamos a tardar varios años en salir. Para nuestros gobernantes se trataba de «un simple ajuste» y muchos empresarios del sector inmobiliario y constructor, incluidas las patronales respectivas, calificaban la situación de «un aterrizaje suave».

La realidad es que, dos años y medio después de que Martinsa-Fadesa entrara en concurso voluntario de acreedores, España ha pasado de ser un bosque de gruas y de edificaciones en marcha a convertirse en un solar donde lo único que se construye es algún que otro bloque de vivienda protegida. Como consecuencia de esto, los créditos y las hipotecas han caído en picado, y el sector financiero, especialmente las cajas de ahorros, se encuentran en la mayor reestructuración de su historia por el desplome del negocio.

Ocho años para pagar la deuda

No obstante, y aunque la visión prematura que tuvieron los gestores de Martinsa fue la de que el negocio inmobiliario se iba a derrumbar, su propuesta inicial de convenio para proceder al pago de su deuda a la banca fue un tanto optimista, y las entidades financieras, viendo que la evolución económica de España iba a peor, hicieron una segunda propuesta de convenio para dilatar más el pago de la deuda de la compañía presidida por Fernando Martín.

De modo que esta inmobiliaria tendrá ocho años para pagar su deuda . El 31 de diciembre de este mismo año (2011) amortizará sólo el 0,5% del principal de los créditos, y un año después igual porcentaje. El 31 de diciembre de 2013 será un 1%, doce meses después pagará un 12% y, posteriormente en años sucesivos, un 18%, un 25%, un 25% y el 31 de diciembre de 2018 el 18% restante. Existe otro calendario de pagos a cinco años, previa aplicación de una quita del 70%, pero los acreedores que poseen más del 60% del total de la deuda ya han optado por la otra fórmula.

En cualquier caso, el convenio también recoge que para la alternativa de amortización de la deuda en ocho años, el pago se hará mediante una espera y la conversión de una parte del pasivo ordinario —un 15%— en préstamos participativos.