Los viejos reyes del ladrillo desfilan ante los juzgados

La denuncia llega 16 meses después de que Jove presentase una demanda en un juzgado de México contra la inmobiliaria para reclamar los cerca de 98 millones que aún adeuda Martinsa-Fadesa por los terrenos de más de 24 millones de metros cuadrados —lo que equivaldría a unos 2.500 campos de fútbol—. Las dificultades financieras de la firma antes de declararse en quiebra, con una deuda de 7.000 millones de euros, motivaron que no cumpliese con los plazos para el pago de los 118 millones que en realidad costaron los terrenos, por lo que finalmente sólo se abonó un 17%.

Los tres administradores de la inmobiliaria nombrados por el juez —Antonia Magdaleno, de Broseta Abogados; Antonio Moreno, de Bankinter; y Ángel Martín, de KPMG— alegan ahora, que la firma pagó por estas tierras un precio más alto que su valor real, nueve millones de euros.

Estos terrenos son los mismos en los que Fadesa, ya bajo la propiedad de Fernando Martín, anunció en mayo de 2007 que construiría el ambicioso proyecto denominado Loreto Paraíso: el mayor complejo turístico de su trayectoria con un resort de gran envergadura en el que invertiría 4.000 millones, prácticamente el importe que en 2006 supuso la adquisición de Martinsa-Fadesa, 4.045 millones.

Lo preocupante, es que no se trata de un caso excepcional dentro del sector al que dio de lleno la burbuja inmobiliaria. Se trata del último eslabón de una serie de acciones puestas en marcha por otras inmobiliarias con sus antiguos propietarios. Es el caso de Metrovacesa que ha abierto su propia batalla judicial con su antiguo presidente, Joaquín Rivero. En este caso, la compañía ha presentado dos demandas en varios juzgados de Madrid por disposición indacuada de fondos y decisiones lesivas para la sociedad durante el mandato de Rivero. La historia se remonta a 2007, cuando Rivero traspasó 50 millones de euros para la adquisisción de obligaciones convertibles del fondo de inversión Stratur Industris. Con un vencimiento a diez años, este depósito contaba con un interés del 1,25%, cifra inferior a la rentabilidad habitual de los fondos. La operación que era poco atractiva para Metrovacesa, se saldó con la recuperación de 10 millones por parte de Metrovacesa. Ahora, la inmobiliaria presidida por Vitalino Nafría reclama a Rivero los 40 millones que restan más los intereses, un total de 50 millones.

En abril de este año, le tocó el turno a Colonial puesto que presentó ante los juzgados de lo Mercantil de Madrid una demanda en ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los anteriores gestores, Luis Portillo y Mariano Miguel Velasco, por la adquisición de Riofisa. Colonial demanda a Portillo y Mariano Miguel por los daños motivados por la compra de Riofisa y por operaciones de capital, asi como por el manejo de la autocartera.