El Palau confirma un agujero de 35 millones como mínimo

Y es que, según el informe auditor elaborado por Deloitte que la nueva dirección del Palau hizo público ayer, el desfalco de Millet y Montull asciende a 35,1 millones de euros. Una cifra que engorda sustancialmente los 3,3 millones de euros que los saqueadores del Palau confesaron haberse embolsado y que podría ser aún mayor si, como aseguró el director del Palau, Joan Llinares, no se hubiesen encontrado con tantas limitaciones a la hora de inventariar el trasvase de fondos y billetes.

«Es el informe que hemos podido hacer», reconoció Llinares, quien reveló que han tenido «acceso parcial» a los documentos incautados por los Mossos d'Esquadra y que desconocen qué documentación pudieron ocultar Millet y Montull durante el relevo en la dirección del Palau. «No conocemos la información que pudo desaparecer o se pudo destruir durante los primeros días», apuntó el director del Palau. A causa de estas «limitaciones», la principal fuente de información del Palau para elaborar esta auditoría de carácter definitivo han sido los archivos hallados y la información facilitad por entidades bancarias.

Lo que no ha desaparecido es la posible evidencia de un nuevo delito ya que, según se desprende del informe de Deloitte, Millet y Montull podrían ser imputados por delito fiscal al defraudar el pago de más de 600.000 euros en concepto de IVA. Así lo exp licó Llinares, quien remarcó la conducta de «defraudadores y falsificadores» de Millet y Montull y explicó que el delito fiscal se habría producido en la emisión de facturas falsas dirigidas a su propio provecho personal.

Según la auditoría definitiva, la mayor parte del dinero se defraudó a través de Orfeó Català —13 millones— y la Fundació Palau de la Música —17, 5 millones—, mientras que el dinero desviado del Consorcio formado por el Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se cifra en más de 4,5 millones.

El seguimiento del dinero ha permitido saber que Millet y Montull disponían de un amplío catálogo de recursos para desviar y embolsarse dinero, ya fuese retirando grandes cantidades de fondos en efectivo, mediante transacciones irregulares entre entidades, pagos sin justificación o por servicios que nunca llegaron a realizarse.

Llinares aprovechó también para subrayar que con la nueva auditoría han salido a la luz más facturas falsas de empresas que no realizaron trabajos para el Palau; facturas que fueron utilizadas para justificar subvenciones públicas, «no preguntábamos como podían haber salido 35 millones en diez años y que el Palau continuara funcionando y además se hicieran obras», explicó el presidente, para quien la explicación están en la «sobrefinanciación» de la institución. De hecho, Millet logró desviar diez millones de euros exagerando la petición para lograr subvenciones, tanto públicas como privadas, para reformar el Palau de la Música, ya que en diez años logró acumular 26 millones de euros de los solo se acabaron invirtiendo 16 millones.

Cuantificado el agujero, ahora lo que toca es empezar a taparlo, algo en lo que los responsables del Palau ya se han puesto manos a la obra. De momento ya han conseguido recuperar 8,3 millones, provenientes en su mayoría de la anulación de la compra del local de la calle Sant Pere Mes Alt y la devolución de convenios regulares. También se está esperando el dinero de las cuentas suizas de Millet y Montull y se ha pedido al juzgado que embargue propiedades por valor de 12 millones de euros. Asimismo, no se descarta empreder acciones judiciales con tal de recuperar el dinero que desapareció a través de empresas que facturaron al Palau sin haber hecho trabajos en la institución.

Aprovechando la presentación del informe, la actual dirección del Palau lamentó la lentitud del juez que investiga el saqueo de la institución y su falta de dureza al aplicar medidas cautelares contra Millet y Montull, ya que no les retiró durante semanas sus poderes en la institución. Así lo denunció Llinares quien, informa Efe, lamentó que el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, tardara dos meses en tomar declaración a los saqueadores confesos del Palau, manteniendo sus facultades para actuar en la institución.

Visiblemente molesto con la actuación del magistrado, Llinares denuncíó que el impacto social que tuvo la entrada de los Mossos en el Palau no se corresponden con la posterior actuación del juez, que no les citó a declarar inmediatamente ni les privó de capacidad administrativa, dando alas a Millet y Montull para poder destruir pruebas y documentos.