Acuerdo histórico para erradicar la Cañada Real

Esta medida, recogida en un borrador de anteproyecto de ley, permite liberar ese terreno «por no ser adecuado al tránsito ganadero». Lo que supondrá que los suelos de la Cañada comprendidos entre los municipios de Rivas, Madrid y Coslada —14,2 kilómetros en total— dejan de ser bien de dominio público y se convierten en bienes patrimoniales de la Comunidad.

«Vender, ceder, permutar»

Esto significa que el Ejecutivo regional podrá, con la ley en la mano, venderlos, cederlos, permutarlos o cualquier otra fórmula que considere oportuno. Pero antes —merced a las alegaciones presentadas en su día por los ayuntamientos de Madrid y Rivas—, cada municipio afectado tendrá que hacer una ordenación urbanística de la zona que le corresponda en la Cañada.

Porque los casos no son los mismos en esta enorme franja de casi 15 kilómetros que, además de a esos municipios, afecta también a los de San Fernando y Getafe. Hay zonas con viviendas de mucho nivel, otras con chabolas, y hasta partes que sólo se habitan para negocios vinculados al mundo de la delincuencia.

Lo importante, destacaban ayer en el Ayuntamiento madrileño, era haber conseguido alcanzar un acuerdo entre todos los niveles del gobierno, para terminar con un problema que comenzó a gestarse hace 30 años y se había convertido en un enorme foco de marginación con más de 2.000 viviendas —la práctica mayoría ilegales— y decenas de miles de habitantes. Una especie de ciudad sin ley —en el más amplio sentido de la palabra— cuya solución sólo podía abordarse desde la unidad.

Según explicó ayer a ABC la concejal Pilar Martínez, las reuniones entre representantes de la Delegación del Gobierno, el Ejecutivo regional, y los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas se vienen manteniendo desde el pasado mes de mayo, muchas de ellas bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. La primera, el 19 de mayo; la última, ayer mismo.

Dos meses de encuentros

Un primer borrador de la ley sobre la Cañada Real llegó al Ayuntamiento de Madrid el 20 de mayo. Tras alegar, y enviar sus observaciones a la Comunidad, hubo un segundo borrador que llegó la semana pasada. Y ha resultado el del consenso.

En él, básicamente, se desafecta este tramo de 14,2 kilómetros de la Cañada Real y su suelo se convierte en bienes patrimoniales de la Comunidad de Madrid. Ésta, previamente a venderlos, permutarlos, cederlos o cualquier otra fórmula jurídica que decida utilizar con ellos, debe dejar que cada municipio ordene urbanísticamente la zona, en función de su plan de Urbanismo y con acuerdo social.

Por ejemplo, Coslada cuenta en esta franja con viviendas cuyos habitantes aseguran tener escrituras de propiedad, «porque en su día el ICONA se las vendió». El tratamiento en este caso no podrá ser el mismo que el de la zona afectada en Madrid, que linda con el vertedero de Valdemingómez.

La capital, de hecho, tiene previsto «poner en juego los suelos que están en el entorno», que según el vigente plan de urbanismo tienen un uso «no urbanizable común», informa Martínez. El Ayuntamiento madrileño pensará en una operación urbana solvente en la zona que vista la cercanía de Valdemingómez, añadió la concejal, «no podrá ser con uso residencial».

Modificación puntual

Otra de las novedades del anteproyecto de Ley acordado ayer radica en que permite un pequeño «salto» de la Ley de Suelo, por el cual será posible que los ayuntamientos adapten estas zonas a sus ordenamientos urbanísticos simplemente mediante una modificación puntual del Plan General. Esto supondrá que en el plazo de un año, la propuesta de ordenación urbanística podrá estar aprobada.

Desde el Gobierno de Madrid, la valoración era muy positiva: «Hacía falta una respuesta integral para este problema; cada administración por sí sola era impotente». Respecto a los plazos para que este borrador sea ley, Martínez fue clara: «Este proceso lo ha liderado la Comunidad de Madrid, y será ella la que fije el calendario».

Antes de agosto

En este sentido, fuentes del Gobierno regional apuntaron a ABC que el texto normativo será aprobado por el Consejo de Gobierno «esta semana o la próxima», y será elevado a la Asamblea para su aprobación antes del mes de agosto.

El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Ángel Pérez, indicó que su grupo «podría estar de acuerdo con la desafectación si es el comienzo de la solución definitiva para la Cañada Real».