Puigdemont no merece árnica

Parte de la incertidumbre que pesa sobre Cataluña debería aclararse hoy, cuando vence el plazo dado por el Gobierno a Puigdemont para impedir la aplicación del artículo 155 de la Constitución. De modo irresponsable, Puigdemont volvió a convertir otra jornada más en un hervidero de rumores y en un peligroso juego contra la estabilidad de Cataluña. Ni renunció a su confusa declaración de independencia ni avanzó si disolverá in extremis el Parlament para convocar elecciones y restaurar la legalidad renunciando a su delirio separatista. Todo sigue siendo un demoledor cúmulo de contradicciones en un independentismo desnortado. Romeva dijo que el Gobierno catalán no dará marcha atrás; las CUP insistieron en que dentro de unos días será proclamada la república catalana; y en el PDECat arreciaron las presiones a Puigdemont para rectificar y convocar comicios. Pero ya no valen más argucias. Ni siquiera le valdría como burda coartada aducir que convoca elecciones «constituyentes». Puigdemont no solo ha perdido el crédito de parte del separatismo sino que debe asumir que el Estado está listo para aplicar ese artículo 155 que permita intervenir funciones ejecutivas del Gobierno autonómico más caótico y dañino de nuestra democracia.

Hoy, la gran diferencia entre el Estado y los cabecillas sediciosos es que el Gobierno sí tiene un plan, por complicado que resulte plasmar el 155 en hechos concretos. Es una solución difícil, pero planificada, factible y pactada con los demás partidos constitucionalistas, ya que Podemos se ha convertido en un acólito del separatismo. En cambio, Puigdemont inflama las calles, comete la indecencia de hablar de «presos políticos» y condena a Cataluña a una alarmante crisis económica, con veinte empresas marchándose de allí cada hora. Puigdemont comete un inmenso error al no asumir que su ensoñación es imposible, que ha hipotecado el futuro de todos los catalanes de modo irreparable durante años, y que no puede ser interlocutor ante nadie.